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Se niega Congreso poblano a garantizar el acceso al poder a indígenas y migrantes
De cara a la elección de 2024, el Congreso de Puebla dejó fuera de la agenda legislativa una reforma exigida por grupos en situación de discriminación que garantizaría espacios de poder a personas indígenas, migrantes, de la diversidad sexual y con discapacidad.
En ese contexto, el Instituto Electoral del Estado (IEE) conformó una comisión especial que subsanará la falta de legislación con la emisión de acciones afirmativas que obligarán a los partidos políticos a asignar candidaturas a determinados grupos; sin embargo, hasta el momento se desconoce a quiénes favorecerá y con qué cargos.
En la elección de 2021 el IEE benefició a personas indígenas, de la diversidad sexual y con discapacidad, ordenando su postulación a las fuerzas políticas para la renovación del Congreso de Puebla y los ayuntamientos, pero dejó fuera a migrantes, jóvenes y adultos mayores que sí cobijaron los órganos comiciales de otras entidades federativas ese mismo año.
Migrantes consiguen sentencia desde 2021 desatendida por el Congreso
Uno de los grupos en situación de vulnerabilidad que ha emprendido acciones jurídicas para obligar al IEE y al Congreso de Puebla a garantizarles el acceso al poder es el migrante. Los esfuerzos son encabezados por la organización binacional Fuerza Migrante.
La asociación civil demandó acciones afirmativas al instituto desde el proceso electoral pasado, para tener acceso a una diputación que no se les ha concedido. También llevaron su exigencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Desde el 3 de abril de 2021, el TEPJF ordenó al Poder Legislativo poblano pronunciarse sobre la implementación de diputaciones migrantes.
Aunque la diputada local del PRI Laura Zapata Martínez presentó una reforma político-electoral el 26 de mayo de 2022 que tiene como objetivo garantizar a ese grupo cargos de representación no sólo en el Congreso, sino también en los cabildos de los 217 municipios del estado, el tema no ha sido discutido.
En cuanto a la participación política de los pueblos originarios, la última reforma aprobada por el Congreso data de 2020 y consistió en incluir en el artículo 13 de la Constitución local el derecho a “elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables”.
La Comisión Especial para la Elaboración y Seguimiento de las Disposiciones en Materia de Acciones Afirmativas quedó integrada por los consejeros del IEE Jesús Arturo Baltazar Trujano, Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, Sofía Marisol Martínez Gorbea, Evangelina Mendoza Corona, Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez López el 20 de julio pasado.
El acuerdo de creación de ese órgano interno determina que será responsable de presentar al Consejo General, para su aprobación, instrumentos normativos para la implementación de acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables.
Asimismo, rendirá informes al Consejo General respecto del seguimiento de las actividades realizadas por las diversas áreas del instituto tendentes a implementar esas medidas.
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