El profesor investigador de la BUAP describió que las autoridades que no tienen voluntad política para regular a la empresa ante el servicio tampoco la tienen para revertir una concesión.

José Manuel Lucio Guzmán, integrante de la organización El Barzón, explicó que un decreto no da cuenta de la dimensión de un estudio o análisis financiero que mostrara la inviabilidad para retirar la concesión.

“El decreto lejos de mostrar alguna inviabilidad financiera para dar marcha atrás a la concesión, deja ver todo lo contrario, allí queda expuesto que el SOAPAP nunca estuvo en números rojos, al contrario, se precisa que al momento de la concesión el organismo tenía una recaudación del 62 por ciento, lo que demuestra lo irracional de su privatización para salvar al organismo.

Simulación de autoridades locales: colectivo Hermanos Serdán

Carlos Popoca, exdelegado de la Subsecretaría de Gobernación federal e integrante del colectivo Hermanos Serdán, narró en la plaza pública la opacidad de los sujetos obligados para transparentar el análisis financiero para revertir la concesión a ‘Agua de Puebla para Todos’ y acusó la inexistencia del documento.

Explicó que a pesar de que Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoció públicamente que tenía conocimiento de un análisis y un estudio elaborado durante el periodo del gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, el sujeto obligado -Ejecutivo del Estado de Puebla- a través de la Unidad de Transparencia de la Oficina del Gobernado, no respondió la solicitud de información en el folio 211200123000462, por lo que se evidenció que no se cuenta con el documento.

“Es una clara contradicción y una dolosa declaratoria de incompetencia para responder la pregunta. Se advierte que no existe ese estudio, que no existe la voluntad política de realizar un análisis real, transparente y que permita la participación de la ciudadanía en un tema tan importante como lo es el derecho humano al agua.

“Nos encontramos en un proceso de simulación de las autoridades locales, intentando con el discurso sumarse a un proyecto político nacional y con los hechos profundizar un modelo neoliberal, que como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador las concesiones han resultado un fiasco e instrumento para robar como es el caso de Puebla”, declaró.

¡Quiera o no quiera, Concesiones queda fuera!

Al grito de ¡Quiera o no quiera, Concesiones queda fuera!, organizaciones defensoras del derecho humano al agua demandaron nuevamente la remunicipalización del servicio de agua potable y el retiro de la concesión a la empresa de Hank Rhon.

“Hace más de diez años que diversas organizaciones sociales poblanas hemos luchado para desprivatizar el servicio de agua potable y saneamiento. Tenemos pruebas contundentes de que la concesionaria ha faltado a sus responsabilidades:

«Citaron que al menos una tercera parte del municipio sufre carencia de agua de manera recurrente, de 11 inspecciones a las plantas tratadoras de agua realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha recibido 11 multas, en las propias mediciones de la empresa privada se reconoce que las descargas de agua contienen más de 12 veces el límite permitido de restos fecales.

«Hace diez años que no hacen su trabajo de saneamiento, contaminan el acuífero, generan enfermedades y en el mediano y largo plazo el daño podría ser irreversible”, refirió la organización Puebla Consulta Ciudadana.

María Eugenia Ochoa, integrante de la ASA, cuestionó los intereses detrás del encubrimiento de la empresa Agua de Puebla para Todos, pues esta se sostiene aun cuando existe un dictamen del Cabildo Municipal de Puebla en 2019 que plantea la necesidad de remunicipalizar el agua ante las calificaciones reprobatorias en los ámbitos técnicos, fiscales, jurídicos y sociales:

“La empresa en 2019 había incrementado los costos en más de un 500 por ciento en 2019, a la fecha el incremento es de un 750 por ciento, la empresa sangra el bolsillo de poblanos. Ahora los estratos de tarifas van de 175 pesos a 1 mil 470 pesos al mes, y en contradicción a la fecha más de 200 colonias no tienen agua”, sostuvo.

Organizaciones reclamaron que uno de cada tres hogares tiene que pagar por pipas de agua, se han presentado amenazas y cortes al servicio de miles de personas, muchas de ellas en condición vulnerable, como adultos mayores y discapacitados.