El próximo domingo 27 de julio se correrá la edición “VIII Medio Maratón de la Ciudad de México” que transitará por una ruta “benévola”, trazada sobre el Paseo de la Reforma. Saldrá a las 7 horas de la Avenida Reforma y Florencia (Monumento a la Independencia) lugar en el que se instalará la meta. Por cierto que dos tíos de Víctor que ya corrieron, los dos en dos ocasiones, la Maratón Internacional de la Ciudad de México que tu correrás el 31 de agosto, coincidieron y por separado, en señalar el alto grado de dificultad de esa competencia y las lesiones derivadas de una prueba, a la que consideran como una de las peor trazadas del mundo (Erik corrió varias en Estados Unidos) y con mayor grado de dificultad, por lo que creo que debes tomar las providencias necesarias para evitar cualquier lesión cuando corras tu segunda aventura. Por cierto que sólo restan 41 días, 15 horas, 20 minutos y 25 segundos para que se efectúe XXXII Maratón Internacional de la Ciudad de México 2014 y seguramente, como me has contado, te encuentras en una etapa de preparación física y mental que se traducirá en el logro de la meta que te trazaste. Víctor en tanto correrá en siete días más su tercer medio maratón y eso que cuenta tan solo con 20 años –recién cumplidos–, y según refiere, se ha propuesto emularlos. A diferencia del calendario de carreras de la Ciudad de México, el de Puebla solamente contempló dos carreras en el mes de julio, la “8ª Carrera Sport City Puebla 5 y 10k (13 de julio) y la 3ª Carrera Nocturna Tribuna Comunicación (19 de julio), anunciada mediante la paginahttp://www.tribunacomunicacion.mx/carrera/ para correrse el 9 de agosto.

Circula por la red –en versión Power Point–, Gracia, el Acuerdo número 717, publicado el 4 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (http:// goo.gl/p5epNu) “por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar” orientados “a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica” (artículo 1). Señalada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como instrumento para “privatizar la enseñanza” (http://goo.gl/G7n7BO) y descargar en padres y madres de familia gastos de operación de los planteles escolares a los que asisten hijas e hijos. La Autonomía de Gestión estaría orientada, de acuerdo con propuestas de gobierno y a definiciones de normas constitucionales, a “a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”, transitorio Quinto Fracción III, artículos 3° y 73° Constitucionales, acotada en el Acuerdo 717 a: “la capacidad de la escuela de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. Esto es, que la escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que atiende”; (Considerando).

Pero y aunque difieren los textos, Gracia, “ante las autoridades”(transitorio constitucional) y “capacidad de la escuela” (Acuerdo 717), los considerandos de los Lineamientos juzgan “indispensable” la participación de padres y madres –acotarían quienes son partidarios del uso del lenguaje incluyente–, niños y niñas –con la misma tesitura–, personal docente “para alcanzar los fines y principios que se contienen en la Ley Suprema y en la Ley General de Educación”. Pero aún y cuando no establece la obligación de madres y padres de familia en la manutención de las instituciones escolares, tampoco se prohíbe aunque se deja abierta la ventana para que se recurra a ella cuando establecen el término “reciban”, dado que los Considerandos establecen “que las autoridades educativas Federal y locales están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar;”. Entre los objetivos marcados en los lineamientos debiesen seguir los programas de fortalecimiento de la autonomía escolar destacarían; la elaboración de la “planeación anual de actividades” incluidas sus metas sujetas a verificación, el uso de “la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar”, la administración “en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos”, objetivo acotado por la participación de quienes integran la comunidad escolar con la intención de resolver “los retos que cada escuela enfrenta”, que por usos y costumbres se traducen en recursos que “deben” donar, mediante “aportaciones voluntarias” madres y padres de familia, “chantaje” disfrazado, Gracia, mediante la frase “y del involucramiento de los padres de familia y de la comunidad en general para que de manera colaborativa participen en la toma de decisiones y se corresponsabilicen de los logros educativos”, que implican el pago de la “la renta, el teléfono y la luz”, la gasolina y la reparaciones del auto del director, el desayuno de la mesa directiva, por diversos motivos, con el personal docente y directivo de las instituciones, el pago de los gastos de la oficina –y caprichitos– del supervisor(a) y de jefe(a) de sector incluidos en la “hoja de requerimientos” que pasa la oficina de padres de familia de las secretarías de educación locales que “deben ser aprobadas” por las asambleas de padres de familia.

Cierto que no obliga, Gracia, pero si busca la corresponsabilidad de madres y padres de familia, circunstancia que bien se pudiera interpretar como una acción tendente a generar acciones educativas en casa, pero que en el ámbito escolar se podría interpretar como un compromiso que sustituyese mediante la aportación pecuniaria de madres y padres de familia, la obligación constitucional que tiene el gobierno, para otorgar educación gratuita incluida alimentación y materiales educativos. Si no al tiempo, Gracia.