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Pese a críticas por su desempeño, magistrados ganan más que el gobernador

By on abril 19, 2024

A pesar de los continuos señalamientos de irregularidades y cuestionamientos sobre su desempeño, durante el último trimestre del año pasado, los magistrados del Poder Judicial del Estado de Puebla obtuvieron ingresos mensuales superiores al salario del gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Algunos de estos servidores judiciales, fueron acusados de presunta corrupción, de abandonar previamente cargos por mal desempeño y hasta hubo algunos que “dobletearon” en Poderes Judiciales de otras entidades.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el cuarto trimestre del 2023 se registraron un total de 2 mil 496 puestos en la nómina, de los cuales, 3 correspondieron a los magistrados presidentes y 35 a magistradas o magistrados. Aunque algunos ya se jubilaron, renunciaron al cargo o fueron destituidos, para ese entonces, percibieron un sueldo mensual bruto más alto que el del titular del Ejecutivo que es de 95 mil 173 pesos mensuales según la Ley de Egresos.

En total, 18 magistrados tuvieron una remuneración mensual bruta de 100 mil 489.64 pesos y fueron Raúl Palomares Palomino, Mara Gómez Pérez, Arely Reyes Terán, Edgar Sánchez Farfán, María Esther Torreblanca Cortés, Humberto Arróniz Meza, Ignacio Galván Zenteno, Emma Garibay Hernández, Gabriel Moreno Gavaldón, Luz María Aguirre Barbosa, Gilberto Suárez Machado, Ismael De Gante López, David Páez Moreno, Joel Sánchez Roldán, Claudette Hanan Zehenny, Rosa Urtuzuástegui Carrillo, Lorenzo Martínez Benítez, Raymundo Mancilla Amaro.

Señalados por «dobletear», por corrupción y hasta irregularidades en sus anteriores puestos

En el caso de Raúl Palomares Palomino, el año pasado se dio a conocer que también era magistrado del Poder Judicial de Oaxaca y tuvo que renunciar con carácter de irrevocable por “dobletear”. Fue así que en julio del 2023 se unió a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.

Mara Gómez Pérez fue seis meses titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y cuando presentó su renuncia, se dijo que la salida tuvo que ver con el plantón que realizaron familiares de desaparecidos en el Palacio Nacional, quienes exigieron su renuncia por supuesto mal desempeño.

Edgar Sánchez Farfán se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado, en dos periodos fue director general de asuntos jurídicos en el Congreso de Puebla. Para el 2021, el entonces diputado, Gabriel Biestro, lo señaló de presunta corrupción, incluso que estaba denunciados penalmente por irregularidades en la sede legislativa, como mantener “aviadores”.

La llegada de Ignacio Galván Zenteno fue controversial, ya que el Congreso (2018) lo designó como magistrado antes de que llegara el gobierno de Morena y fue el exgobernador Antonio Gali Fayad, quien envió su nombre para suplir a un magistrado que se jubiló. El año pasado, fue señalado por no transparenta sus declaraciones patrimoniales.

Emma Garibay Hernández tiene sólo un señalamiento en el 2020 y fue por no querer revisar un expediente de negocios ilícitos entre notarios públicos y despachos de cobranza. Mientras que Luz María Aguirre Barbosa fue denunciada en la Auditoría Superior del Estado por irregularidades cuando fue titular de la Contraloría en el gobierno de Antonio Gali.

Gilberto Suárez Machado fue titular de una notaría, pero por presuntas irregularidades, se la cancelaron en el 2020. Otro caso se dio en septiembre del año pasado, pues el Consejo de la Judicatura hizo “una limpia” y se oficializó la salida de Joel Sánchez Roldán, sin embargo, para el cuarto trimestre del año pasado seguía en la nómina.

Claudette Hanan Zehenny renunció al ITAIPUE para ser magistrada, pero esto, retrasó la conformación y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); e Israel Mancilla Amaro fue acusado de no contar con una carrera judicial, y de ser operador político del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

De funcionarios públicos a magistrados; algunos acusados de recibir ‘moches’

Después de este bloque, hay siete magistrados que percibieron mensualmente bruto un monto de 100 mil 664.64 y fueron Ricardo Velásquez Cruz, José Mendiolea Vega, José Roberto Grajales Espina, Marcela Martínez Morales, Amador Coutiño Chavarría, Roberto Flores Toledaño y José Octavio Pérez Nava.

Ricardo Velásquez Cruz no ha querido transparentar sus bienes patrimoniales, pese a que ha ocupado diversos cargos en gobiernos estatales. Por su parte, Roberto Grajales fue diputado y como magistrado reportó presunta “venta” de sentencias y acuerdos.

Joel Daniel Baltazar Cruz y Arturo Madrid Hernández fueron los únicos dos que percibieron 100 mil 751.64 pesos y Jared Albino Soriano, José Montiel Rodríguez, así como Yrina Yanet Sierra Jiménez, 100 mil 926.64. El caso más polémico de este bloque fue el de Jared Albino Soriano, ya que fue señalado de presuntamente recibir dinero a cambio de favorecer judicialmente a Eukid Castañón, exoperador de Rafael Moreno Valle.

En el cuarto trimestre del año pasado, fueron cinco magistrados los que recibieron un sueldo más alto y se trató de María de los Ángeles Camacho Machorro, Margarita Gayosso Ponce, Elier Martínez Ayuso, José Ramón Morales Díaz y José Miguel Sánchez Zavaleta, ellos reportaron un sueldo mensual bruto de 101 mil 014.64 pesos.

En todo lo anterior no se mencionó a los tres magistrados presidentes que fueron María Belinda Aguilar, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, ella ganó mensualmente un monto bruto de 101 mil 699 pesos; María Elena Farfán presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, una cantidad de 101 mil 524 pesos; José Norberto Rodríguez, presidente de La Sala Constitucional, él obtuvo de igual modo 101 mil 524 pesos.

Como se mencionó al inicio de este material, muchos de ellos ya renunciaron al cargo, fueron destituidos o se jubilaron. Esta información es con corte al cuarto trimestre del 2023.

Con información: El Sol de Puebla

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