Primera propuesta que reforma artículo sobre ciberseguridad con todas las fuerzas políticas reunidas en el Congreso
Con la presencia de todas las fuerzas políticas del Congreso del estado se presentó la primera propuesta de reforma al artículo sobre ciberseguridad, la cual excluye del delito las expresiones realizadas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, incluidas aquellas relacionadas con la denuncia pública o la exposición de hechos de interés público.
La iniciativa, expuesta ante la mayoría de los diputados locales, define que comete ciberasedio quien, mediante tecnologías de la información y la comunicación o cualquier espacio digital, de forma reiterada o sistemática, realice actos de contacto, vigilancia, hostigamiento o intimidación hacia otra persona, con la finalidad de alterar gravemente su vida cotidiana, perturbar su privacidad o dañar su integridad emocional.
El texto propuesto establece que para determinar la existencia del delito, la autoridad deberá valorar el contexto, la frecuencia de los actos, los medios empleados y el impacto causado. Se precisa que el delito se perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea menor de edad, persona incapaz o que no pueda resistir el acto, en cuyo caso será perseguible de oficio.
La pena por ciberasedio se mantiene como fue aprobada en la reforma del 12 de junio: de 11 meses a 3 años de prisión y multa de 50 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Se contempla una agravante cuando la víctima sea menor de edad, lo que incrementa la pena desde una tercera parte de la mínima hasta dos terceras partes de la máxima.
Al término de la reunión, la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, aclaró que se trata de una propuesta inicial que podrá modificarse conforme a las consideraciones de los legisladores locales. El análisis continuará el próximo jueves o viernes en las oficinas del Congreso, donde la diputada Fedhra Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, presentará su propia iniciativa de reforma al artículo.
García Chávez subrayó que el acuerdo es que la reforma quede aprobada en alguna de las próximas tres sesiones del periodo ordinario, que concluye el 15 de julio. Destacó que la propuesta se basa en jurisprudencia y ordenamientos nacionales e internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión.
Durante la discusión a puerta cerrada, las diputadas Susana Riestra Piña (PAN) y Delfina Pozos Vergara (PRI) señalaron que la nueva redacción aún resulta ambigua. Riestra Piña y sus compañeros de bancada, Rafael Micalco Méndez y Marcos Castro Martínez, cuestionaron la definición de “contacto”, al considerar que podría interpretarse como cualquier reacción en redes sociales. Además, advirtieron una duplicidad entre los conceptos de ciberasedio y ciberacoso, por lo que propusieron derogar el primero.
García Chávez respondió que la definición de “contacto” no debe analizarse de manera aislada, ya que para configurar el delito se requiere comprobar daño e intención sistemática. Otra inquietud de la oposición es que la redacción no especifica si los servidores públicos quedan exentos de la protección por ciberasedio.