Contra la extorsión se necesitan leyes nuevas por viejas ausencias
Por: Marco Antonio García Téllez | Impulso Informativo
En la vida pública de México, pocas palabras evocan tanto miedo como “extorsión”. Este delito, que durante décadas parecía ajeno a la cotidianidad del ciudadano común, se convirtió en un fenómeno recurrente tras los años de la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el expresidente Felipe Calderón. Recuerdo incluso, en mi experiencia laboral en empresas particulares nos impartieron cursos para enfrentar este delito, derivado a que el numero de casos estaba en aumentó.
La extorsión es un crimen silencioso, que encuentra sus bases en la manipulación, que convierte al ciudadano en rehén de voces desconocidas, criminales invisibles que, a través del teléfono, manipulan y dominan. No siempre están presentes físicamente, pero logran controlar a las personas con amenazas, engaños o intimidación. Es un delito que, como un cáncer, sigue extendiéndose por las venas de la sociedad mexicana.
Ahora, frente a su persistencia, el gobierno federal propone un nuevo intento legislativo: una reforma constitucional para que la extorsión sea perseguida de oficio y una Ley General que coordine su combate en todo el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido sin rodeos que, a diferencia de otros delitos que, según las cifras oficiales, han disminuido, la extorsión sigue creciendo. Su iniciativa plantea medidas como un número único nacional para denuncias anónimas, la creación de unidades especializadas dentro de las fiscalías estatales y la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar las cuentas de los extorsionadores. Sobre el papel, parece un plan sólido y necesario.
Pero en este tema, la historia mexicana nos obliga a ir más allá de la letra de la ley. Surge una pregunta inevitable: ¿por qué la extorsión ha prosperado pese a las múltiples leyes, las estrategias de seguridad y los discursos de combate al crimen? ¿Será, acaso, que el problema no radica en la falta de normas?
México ha sido testigo de innumerables reformas penales que endurecen penas, que crean nuevas figuras jurídicas, que prometen erradicar el crimen. Y, sin embargo, en muchas zonas la extorsión sigue siendo más que un delito, es un sistema paralelo de control económico y social. Un mecanismo que domina comunidades enteras, donde la ley escrita no llega y la violencia dicta su propio orden.
PREGUNTAS QUE INVITAN A PENSAR:
- ¿Por qué la extorsión ha logrado consolidarse como un negocio tan rentable, pese a la existencia de múltiples leyes penales?
- ¿Estamos frente a un problema de normas insuficientes por como operan los criminales en este delito o de ausencia de Estado en regiones enteras del país?
- ¿Podrá una ley detener a los extorsionadores sin afectar a las víctimas locales que sufren este delito?
- ¿Qué otras posibles medidas podría aplicar el gobierno contra este delito?
Quizá el verdadero debate no sea cuántas leyes más se necesitan, sino cómo romper el ciclo perverso donde el ciudadano, entre la extorsión y la desconfianza, ha dejado de creer en la justicia.
Para que esta reforma no quede como una más en la larga lista de intentos, se requeriría no solo su aprobación, sino un enfoque integral que incluya:
- Fortalecer a las fiscalías locales y federales para que actúen sin temor y con independencia.
- Establecer mecanismos de protección reales y eficaces para las víctimas, más allá del papel.
- Implementar campañas de educación comunitaria que generen confianza y fomenten la denuncia.
- Atacar las redes financieras de los grupos delictivos, cortando los flujos de dinero ilícito que sostienen su poder.
- Promover una estrategia de desarrollo social en las zonas más vulnerables, donde la extorsión ha reemplazado al Estado.
Porque al final, la extorsión no solo es un delito; es un síntoma de algo más profundo: la fractura entre los ciudadanos y su gobierno. Y esa herida no se sana solo con leyes, sino con justicia efectiva y confianza recuperada.