Jornada Nacional de Revisión Documental
Maestros
Por: Gustavo Santín Nieto
Cartas a Gracia
El Boletín 329. SEP fortalece la legalidad y transparencia en el registro de títulos y cédulas profesionales publicado el martes 14 de octubre, Gracia, permitiría divulgar información de la última etapa que tienen que cubrir quienes egresan de una licenciatura, maestría, doctorado para obtener una patente de ejercicio profesional; trámite que estaría a cargo de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su quehacer, de acuerdo al Reglamento Interior de la SEP, radicaría en “ejercer las atribuciones que le confiere la Ley reglamentaria del Artículo 5º Constitucional […] Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México […] especialmente en lo que respecta al registro de títulos profesionales y grados académicos, así como la expedición de cédulas profesionales”.
Entre sus funciones específicas destacarían, Gracia: “Registrar títulos y grados académicos expedidos por instituciones educativas nacionales y extranjeras (previa revalidación); emitir cédulas profesionales que acrediten legalmente el ejercicio de una profesión; autorizar el ejercicio profesional temporal a pasantes y profesionistas en trámite de titulación; registrar colegios de profesionistas y sus federaciones; coordinar con asociaciones y colegios para vigilar el correcto ejercicio profesional; fomentar la certificación profesional como mecanismo de actualización y mejora continua; notificar conductas irregulares al área jurídica de la SEP para posibles sanciones” y adicionalmente publicar el Registro Nacional de Profesionistas.
El comunicado de la SEP pretendería legitimar ante la opinión pública, las auditorías que realizara a sus pares locales en las entidades, lo mismo que a las instituciones autónomas y a las particulares, autorizadas para emitir títulos profesionales o grados académicos de manera directa. Los “balazos” señalarían: “Desde noviembre de 2024 se implementó la Jornada Nacional de Revisión Documental, para garantizar que alumnas, alumnos, egresadas, egresados y profesionistas ejerzan su derecho a obtener su título y cédula profesional conforme a la normatividad vigente. La Jornada tiene un carácter preventivo y correctivo, no sancionador, y se realiza bajo principios de colaboración y acompañamiento institucional [curiosa forma de señalar la finalidad de un ejercicio que se volverá rutinario y que evitaría se expidan títulos en Santo Domingo]”.
El boletín aportaría, además, otros datos interesantes como los relacionados con la emisión de “7 millones de títulos electrónicos y 4 millones de cédulas en el mismo formato” a partir del 1 de octubre de 2018. Fecha de cumplimiento del Aviso de la Secretaría de Educación Pública de fecha publicado el 13 de abril de 2018 “por el que se da a conocer el estándar para la recepción en forma electrónica de los títulos profesionales y grados académicos [que por atributo de ley emiten y validan las instituciones educativas], para efectos de su registro ante la Dirección General de Profesiones”. Otros datos de la DGP, resaltarían la convalidación de parte de la escuelas, de los documentos anteriores a 2018, “la transformación digital”; la reducción de cargas administrativas y la “igualdad de la atención del servicio público”; auditorías practicadas a “15 mil 64 instituciones educativas, de las cuales 5 mil 898 son públicas y 9 mil 166 particulares. Durante este proceso se revisaron un millón 008 mil 912 títulos físicos, 6 millones 30 mil 323 y 3.8 millones de certificados versus títulos electrónicos, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2025 […]. Entre los avances más significativos, destaca que el 52 por ciento de los títulos físicos y el 48 por ciento de los títulos electrónicos han sido validados por las instituciones participantes. Asimismo, se ha conciliado el 6 por ciento de los certificados de estudios frente a los títulos electrónicos, detectando un 24 por ciento de inconsistencias, principalmente por la ausencia del folio de certificado”, (inconsistencia entre el MET <DGP> y el MEC <DGIR>, responsabilidad de autoridades educativas).
El comunicado de la SEP añadiría que entre los avances más significativos, destacaría que “el 52 por ciento de los títulos físicos y el 48 por ciento de los títulos electrónicos han sido validados por las instituciones participantes. Asimismo, se ha conciliado el 6 por ciento de los certificados de estudios frente a los títulos electrónicos [no obstante, detectaría] un 24 por ciento de inconsistencias, principalmente por la ausencia del folio de certificado [y de la misma manera, indicaría que] también identificó que algunas de las instituciones educativas aún no se incorporan al Módulo Electrónico de Titulación”.
No obstante Gracia, valdría la pena recordar que a 7 años de instrumentarse esta medida, varias entidades siguen expidiendo títulos en formato físico y que existe una fuerte disparidad entre títulos y cédulas digitales emitidas; y que de acuerdo a responsables de departamentos de titulación en las escuelas: “las especificaciones operativas emitidas por la DGP para la revisión de expedientes han implicado una carga considerable para las IES, al solicitar que se: Numere digitalmente cada foja del expediente, reiniciando la secuencia en cada uno; se integre en carpetas con un máximo de 200 expedientes. Se completa un archivo Excel con datos adicionales definidos en anexos técnicos. [Las y los expertos continúan opinando] si bien estas medidas buscan estandarizar el proceso, reproducen prácticas propias de los archivos físicos en un contexto que debería ser completamente digital, lo que contradice el discurso oficial de simplificación administrativa y transformación tecnológica. En la práctica, este nivel de detalle ha generado un nuevo fenómeno: la aparición de empresas privadas que ofrecen a las universidades servicios especializados para cumplir con estos lineamientos, lo que ha encarecido el proceso y generado dependencia externa. Paradójicamente, mientras la SEP promueve la eliminación de trámites burocráticos, sus propios requerimientos técnicos han abierto un nicho de mercado que se aprovecha de la complejidad impuesta a las instituciones. El doble discurso es evidente: mientras se habla de digitalización, interoperabilidad y eficiencia, se solicita a las universidades preparar y enviar expedientes completos con portadas y foliados, como si fueran archivos físicos, que además serán impresos por la DGP. Este esquema no sólo incrementa el esfuerzo operativo y los costos, sino que también pone en entredicho el verdadero avance hacia un gobierno digital.” Observaciones que podrían aplicar el dicho “¡Mejor no me ayudes compadre!”.