Escuelas inseguras

MAESTROS

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

“Cuando el silencio se sienta en el pupitre de enfrente”

Gracia:

Hay textos que deberían comenzar por la ley, no por los hechos. Y este es uno de ellos. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su Artículo 12, establecería de manera inequívoca que toda persona que tenga conocimiento de una posible vulneración a los derechos de una niña, niño o adolescente está obligada a informarlo de inmediato a la autoridad competente (https://acortar.link/acmHO3), garantizando medidas de protección, investigación y restitución. El mismo marco legal -en su Capítulo Octavo, particularmente el Artículo 46 y en sus diferentes fracciones- recordaría que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia, y que las instituciones deben implementar mecanismos de atención, canalización, seguimiento y promoción de la convivencia escolar armónica.

Si la norma es clara, Gracia, la pregunta inevitable en casos de agresión sería: ¿dónde estaría la maestra o el maestro? ¿Dónde estaría quien debería ejercer la vigilancia mínima que protegería a un grupo escolar? ¿Y dónde estarían, también, quienes deberían supervisar a esa maestra o maestro?

Habría días en que una nota periodística parecería más un espejo que una noticia. Esta semana, el caso documentado por la periodista Yadira Llaven Anzures en La Jornada de Oriente (https://acortar.link/ZrHkaD), ocurrido en una primaria de Cuautlancingo, volvería a mostrarnos lo que se preferiría no ver: que la escuela -ese espacio que debería ser seguro- también podría fallar. La historia se conocería a finales de enero, aunque los hechos habrían ocurrido meses antes. La comunidad se movilizaría, la familia denunciaría, la escuela ¿activaría? protocolos tarde y el aula terminaría sustituida por clases a distancia. En la puerta del plantel quedaría la incertidumbre, el enojo y la sensación de que algo esencial no funcionaría.

Porque, Gracia, este no sería un caso aislado. Aunque México no contaría con un registro nacional que clasificara de manera precisa los hechos de violencia dentro de las escuelas, las señales estarían ahí y hablarían de un patrón que crecería, se diversificaría y se normalizaría. A nivel nacional, las encuestas indicarían que el 28% de los adolescentes de 12 a 17 años reportarían acoso escolar en los últimos doce meses, unos 3.3 millones de estudiantes según referiría la ENADIS 2022 del INEGI, [cálculo y divulgación de REDIM (2023)].

En 2023, los servicios de salud registrarían 943 niñas, niños y adolescentes atendidos por agresiones dentro de la escuela, la cifra más alta desde que se contaría con registros sistemáticos. Dos de cada tres víctimas serían adolescentes, un tercio niños de primaria y casi 4% menores de cinco años (Sistema Nacional de Información en Salud 2023).

Y si en la vida adulta 92.9% de los delitos no se denunciaría ni generaría una carpeta de investigación (ENVIPE 2024 [datos de 2023], ¿qué podríamos esperar del mundo infantil, donde el silencio pesaría más que la valentía? Puebla, por supuesto, tampoco sería la excepción. Entre 2022 y mayo de 2024, la autoridad educativa estatal documentaría 74 casos de violencia dentro de planteles públicos, con 63 alumnos afectados por agresiones físicas, verbales, ciberacoso y otras formas de vulneración (e-consulta basada en información entregada por la SEP-Puebla vía transparencia). Si se ampliara la mirada a seis años, se conocería que la Secretaría de Educación reportaría 105 denuncias de acoso escolar y 28 ceses de docentes por violencia, lo cual revelaría que el sistema no es ajeno a estas fracturas (SEP-Puebla, noviembre 2024).

Mientras tanto, la respuesta institucional se repetiría: “Se activaron los protocolos” (https://acortar.link/ypLAr4), como si decirlo fuera equivalente a aplicarlos correctamente. Pero el protocolo llegaría tarde, Gracia, cuando el niño necesitaría semanas o meses para encontrar palabras. Llegaría tarde cuando la dirección escolar no escucha con prontitud. Llegaría tarde cuando la comunidad debería protestar afuera del plantel para que alguien atienda. Y llegaría tarde -sobre todo- cuando el mensaje hacia los estudiantes es que hablar podría costarles la escuela y más si se privilegiara a los agresores sobre el afectado, so pretexto de su edad y priorizando sus  derechos, asumiendo la directora el papel de juez y parte y sin turnar el caso a las autoridades competentes.

Por eso se diría sin tapujos: México no estaría midiendo la violencia escolar con la rigurosidad necesaria; y esa ausencia de información fina sería, en sí misma, una forma de desprotección. Si quienes deberían hacerlo no nombran el lugar exacto donde ocurriría un hecho, no podría prevenirse. Si no se sistematizan de manera transparente, las políticas serían solo hojas sueltas. Si quienes deberían hacerlo no acompañan a las víctimas con oportunidad, la escuela dejaría de enseñar ciudadanía y empezaría a enseñar miedo.

Lo urgente no sería castigar -que también- sino reconstruir la cadena completa de cuidados: vigilancia presente, escucha temprana, formación docente sólida, atención psicológica de largo aliento y una integración real entre escuela, familia y autoridad. Porque las obligaciones legales ya existiría. Lo que faltaría sería cumplirlas con la seriedad que merecerían quienes ocupan los pupitres. Y se volvería al inicio, Gracia, porque ahí está la pregunta que no podriamos evadir: ¿dónde estaría la maestra o el maestro? ¿Dónde estaría la escuela cuando más se le necesitaba? ¿Y dónde estaría la sociedad cuando el silencio se sentaría en el pupitre de enfrente?