A examen: maquillar o resolver la crisis
Por: Imanol Ordorika
Diseñar y aplicar el examen de ingreso a licenciatura completamente en línea, por primera vez en la historia de la UNAM, sin la preparación suficiente, ha sido un error. Pero puede no ser el más grave. Ese error se agudizó considerablemente por las respuestas que le han seguido. La prueba se aplicó entre el 23 de mayo y el 10 de junio, con una duración excesiva que ya era, de por sí, problemática. Desde el 18 de junio, cuando cientos de aspirantes fueron citados con el pretexto de una entrevista para decirles, ahí mismo, que debían “responder una encuesta de validación” del examen, las autoridades de la universidad sabían que algo andaba mal y optaron por resolverlo puertas adentro. Lo mismo ocurrió el 3 de julio, con una denuncia penal que sólo se hizo pública días después. Entre el 17 y el 21 de julio, cuando se dieron a conocer los resultados, trascendió que se había cancelado cerca de 2 por ciento de los exámenes aplicados por conductas contrarias a la convocatoria. La opacidad se repitió, de forma más flagrante, en el comunicado evasivo que emitieron las autoridades ese mismo 21 de julio. Ahí plantearon la conformación de una comisión técnica, que debió existir desde el primer indicio de anomalía y no se instaló sino hasta el 27 de julio –más de un mes después de aplicado el examen–. Las autoridades respondieron de forma pública, tras la presión de las marchas de aspirantes y por el impacto de las comparaciones estadísticas en redes sociales y del análisis de Eduardo Backhoff, hoy integrante de esa misma comisión.
El error original y esa respuesta tardía, evasiva y poco transparente de las autoridades han puesto en entredicho, ambos por igual, la legitimidad y la credibilidad de la UNAM. No es casual que, en este ambiente de opacidad prolongada, algunas voces y medios de comunicación hayan comenzado a calificar a la universidad en su conjunto de corrupta y fraudulenta. Eso es injusto e inaceptable: la UNAM es mucho más que sus autoridades en turno, y la comunidad universitaria –profesores, investigadores, estudiantes honestos, trabajadores– no merece cargar con un descrédito que corresponde a quienes decidieron ocultar, en vez de enfrentar el problema.
En distintos medios, algunas personas han planteado, con ligereza y desconocimiento, que se tiene que identificar a los tramposos, uno por uno y carrera por carrera, para impedir su ingreso a la UNAM. Dentro de la comisión técnica hay algunas personas que plantean la necesidad de reponer el examen de admisión de manera presencial para todos los aspirantes a ingresar a la licenciatura. Parece ser, sin embargo, que una mayoría –siguiendo una supuesta línea oficial– se inclina por aplicarlo sólo a 30, 40 o 50 mil aspirantes. La justificación que plantean es que, a partir del análisis estadístico de los resultados y de los promedios de bachillerato, se puede inferir quiénes verdaderamente tienen oportunidad de ingresar mediante un nuevo examen.
Ni identificar tramposos uno por uno ni limitar el nuevo examen a una fracción de aspirantes son argumentos sostenibles. Hasta donde se tiene información, es imposible saber con los datos estadísticos disponibles –salvo en un número limitado de casos– quién hizo trampa y quién no. Son precisamente los aspirantes honestos que quedaron fuera, porque otros hicieron trampa, quienes obligan a rehacer el examen: no existe manera de restituirles su posibilidad de obtener un lugar sin repetir el proceso completo, porque no hay un mecanismo confiable para separar, caso por caso, a los responsables de los inocentes. Tampoco es aceptable la propuesta de limitar el número de personas que puedan realizar este nuevo examen, pues, en última instancia, esa restricción arbitraria castigaría a un segmento de aspirantes –100 mil o más– con una exclusión que no alcanza a quienes sí cometieron irregularidades.
Es necesario reiterar lo que se tiene que hacer con la menor tardanza posible. Primero, repetir el examen de manera presencial a todas las personas que aspiran a ingresar a licenciatura. Segundo, llevar adelante un verdadero y cuidadoso análisis de las causas y las consecuencias de este problema. Tercero, deslindar responsabilidades, tanto internas como externas.
Es imprescindible insistir también en que a estas tareas inmediatas se deben sumar dos de mayor calado y relevancia estratégica. Por un lado, abrir un proceso de revisión seria y profunda sobre los mecanismos de selección de estudiantes a la UNAM. Hay que garantizar procesos más equitativos e incluyentes que reduzcan lo más posible los sesgos –de género, nivel socioeconómico y capital cultural– que por décadas ha arrastrado el examen de admisión. Un análisis reciente de estos problemas se puede encontrar en el libro Anhelo y realidad: ingreso y desempeño estudiantil en la UNAM (https://tinyurl.com/42duuffr).
Por otro lado, la UNAM debe promover una amplia discusión nacional, entre universidades públicas y gobierno federal, para la creación de nuevas instituciones de educación superior de alto nivel. Estas deberían ser universidades de docencia e investigación que cumplan con las expectativas juveniles de formación: con buena parte de sus plantillas académicas de tiempo completo y con estabilidad laboral, con instalaciones adecuadas y recursos suficientes, con formas de gobierno colegiadas y participativas, y que impartan las carreras que los estudiantes buscan.
La UNAM tiene ante sí una prueba más determinante que cualquier examen de admisión: la de reafirmar su credibilidad institucional. Las autoridades pueden seguir administrando la opacidad, dosificando soluciones parciales pensadas para minimizar el costo político, y apostando a que el tiempo diluya la indignación. O pueden actuar con la contundencia que esta crisis exige, entendiendo que reconocer un error a tiempo vale más que 100 comunicados que lo disimulen. No hacerlo no sólo prolongará la incertidumbre de decenas de miles de jóvenes que merecen certeza sobre su futuro: irá erosionando el respeto y la confianza que la sociedad mexicana y generaciones enteras han depositado en la universidad pública más importante del país.