Academias militarizadas: anacronismo letal
La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal instruyó a su homóloga del estado de Puebla que inicie el procedimiento administrativo correspondiente y suspenda las actividades de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), ubicada en la capital de la entidad, debido a que el modelo de “educación militarizada” carece de sustento legal en el país. El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, sostuvo que la Constitución y la Ley General de Educación no contemplan la prestación del servicio educativo bajo modalidades militares, castrenses o análogas, y enfatizó que está “absolutamente prohibido” operar escuelas con cualquiera de esas denominaciones.
La clausura de la AMIZ es la primera acción de este tipo desde que la dependencia encabezada por Mario Delgado Carrillo pidió a los gobiernos estatales realizar una supervisión de las instituciones de educación básica “para verificar que no haya” planteles con corte militarizado, medida que forma parte de la respuesta oficial, tras el asesinato de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, en una academia de este tipo en Ciudad Madero, Tamaulipas, el pasado 16 de julio.
A partir de la tragedia, la SEP ha puntualizado que la educación militar corresponde exclusivamente a la formación de integrantes de las fuerzas armadas y no constituye una modalidad prevista para la educación básica ni media superior. Asimismo, ha remarcado que “constituye una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez”, y contradice los planes de estudio de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en los cuales “niños y adolescentes son reconocidos como sujetos activos de la educación, capaces de ejercer su derecho a transformar su realidad mediante una formación integral que trasciende el aula y desarrolla sus potencialidades de forma activa, autónoma y transformadora”. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que carece de facultades para autorizar, inspeccionar o supervisar escuelas particulares que se anuncian como militarizadas, por lo que la revisión de los permisos educativos corresponde a las autoridades civiles.
Es necesario entender que el modelo de educación militarizada constituye una parodia de la vida castrense que normaliza la crueldad y el abuso en nombre de la disciplina. Para colmo, como salió a la luz en el caso de Dafne, quienes fingen inculcar la ética de las fuerzas armadas suelen ser individuos sin los conocimientos ni la preparación necesarios. Ante el inminente cierre de estos centros, los padres de familia que inscriben a sus hijos en ellos con la idea de “formar carácter” o “corregir malos comportamientos” deben asimilar que la violencia ejercida hacia niños y adolescentes no sólo es una estrategia pedagógica anacrónica y nociva, sino que se encuentra tipificada como un delito.
Más aún, debe considerarse que semejante fórmula supuestamente educativa se ha cobrado ya, además de la de la joven Zapata Quintos, varias vidas de alumnos, como son los casos de Zamir Pinto, quien en 2023 fue asesinado a golpes, cuando tenía 16 años, y de Erick Terán, de 13, muerto de la misma manera en 2025.
Así, más allá de la imperiosa necesidad de procurar e impartir justicia en estos indignantes homicidios de menores y de sancionar conforme a la ley a quienes sean hallados responsables, es de obvia necesidad extender la medida aplicada a la AMIZ a todos los planteles de esta clase e incluso convertirla en clausura definitiva, habida cuenta de que se trata de establecimientos contrarios al marco jurídico vigente. Asimismo, es urgente que el gobierno de Zacatecas clausure su Bachillerato General Militarizado, la única institución pública de este tipo en el país y que hasta ahora ha sido operada de manera conjunta por la Secretaría de Educación local y la comandancia de la 11 Zona Militar.