Escuelas militarizadas cuestionadas
MAESTROS
Por: Gustavo Santín Nieto
Cartas a Gracia
Estimada Maestra
A preguntas expresas realizadas por una reportera que asistiría a la Mañanera del lunes 17 de abril: “Tras el fallecimiento de Dafne Zapata y de este caso […] cómo se va a trabajar esta regularización de la novatada? ¿Se va a legislar el tema? ¿A quién le corresponde supervisar esto?” La titular del ejecutivo federal subiría a la palestra a Mario Delgado, quien al responder señalaría: “No está autorizada por la ley ningún tipo de educación “militarizada”. Ni la Secretaría Educación y la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades. […] Además, la ley también protege a los niños, a las niñas, de cualquier tipo de maltrato. […] La impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo”.
El interrogatorio reporteril mañanero continuaría cuestionando al encargado de despacho: -“¿Entonces, van a prohibir estas…?- [Su respuesta sería muy clara] Es que no es que “estén prohibidas”, es que no están permitidas. Lo que estamos, lo que estamos […] Recordarle a todo el Sistema Educativo es que esto no está permitido, para que inicien una supervisión. [Y continuaría contestando a la intervención de otro comunicador]; pero sí siguen ocurriendo las novatadas, pueden seguir ocurriendo. ¿Cómo se va a supervisar y legislar eso? Porque dice que “no está”, pero pueden seguir ocurriendo [preguntas a las que Delgado respondería:] Porque la Ley General de Educación y la Ley de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe cualquier tipo de maltrato. Entonces, no puede permitirse ese tipo de prácticas”.
El encargado del despacho educativo seguiría contestando inquéritos formulados por reporteras y reporteros y, a la pregunta de si va a revisar en todo el país, contestaría que esa acción ya se habría verificado reconociendo que la autoridad competente sería la local; al contestar el cuestionamiento de sí habría una deficiencia en la educación afirmaria que no; aunque reconocería que sí “hubo un reglamento hace muchos años, hay que decirlo, pero eso está más que superado por las actuales leyes”. Otra cuestionadora le espetaría: Si no son legales, ¿operan en el marco de…?”. Pregunta que merecería una respuesta clarificadora: “No, es que son escuelas que ofrecen esta modalidad. Son escuelas que tienen su permiso, pero ofrecen esta modalidad, y eso es lo que no debe permitirse”. Otra reportera cuestionaría: “¿No correspondería a la Profeco checar si es publicidad falsa? A lo que respondería “No, porque no solo es publicidad; sí están -como ya lo vimos ahora- disfrazando estas prácticas, estos maltratos, diciendo que ´es militarizada´. Y entonces, esa modalidad no existe en la ley y no está permitida.”
Respuestas sujetas a interpretación de las y los lectores Gracia, y que permitirían hacer algunas acotaciones al margen. Quien encabezaría el despacho educativo federal señalaría que las instituciones de corte militarizado no estarían autorizadas; aunque esa afirmación no sería equivalente a que estuviesen prohibidas como él mismo lo acepta, al tiempo que reconocería que no existiría “autorización expresa para ellas”. Recordando la máxima jurídica que dicta que “los particulares pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, mientras que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza expresamente” y que el encargado de despacho interpretaría en sentido contrario.
El señalamiento: “Recordarle a todo el Sistema Educativo es que esto no está permitido, para que inicien una supervisión”, y requeriría de una “base legal” que estuviese apegada al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fundada y motivada) para no interpretarse como una cacería de brujas o una respuesta, de botepronto, a un feminicidio que generaría un gran malestar social y que sería producto de una novatada; fenómeno que se remontaría en la historia a instituciones militarizadas y/o a internados, instituciones en las que los decesos producto de novatadas, incluiría a normales rurales (Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, Puebla y a la de Normal Rural Mactumactzá, Chiapas entre otras), pero también a centros de formación policial y/o militar, universidades públicas, por lo que generalizar a partir de lo acaecido en la escuela de Tamaulipas sería incorrecto. Exigir (como también lo formula el jefe de la oficina) el pleno respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en escuelas de educación básica y obligatoria, no sería sólo un imperativo formal extensivo a la educación superior y la convivencia rutinaria entre personas de todo género y edad, sino una exigencia legal y socialmente reconocida.
Gracia, en un Estado de derecho no bastaría con la indignación social, por legítima que esta sea, ni tampoco con declaraciones políticas formuladas al calor de una tragedia. La obligación de las autoridades consistiría en actuar con apego irrestricto a la ley, distinguiendo entre las prácticas abusivas que deberían erradicarse sin contemplaciones y los modelos educativos que, aunque controvertidos, deberían analizarse desde la legalidad y no desde prejuicios o generalizaciones. El lamentable fallecimiento de una estudiante obligaría a revisar protocolos, supervisión y responsabilidades, pero también a evitar simplificaciones que conduzcan a sancionar indiscriminadamente realidades distintas.
La defensa de los derechos humanos exigiría firmeza contra el maltrato, así como respeto a los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso. Solo así la justicia dejaría de ser una reacción emocional para convertirse en una auténtica solución institucional. “Porque entre la indignación y la legalidad no debería haber conflicto: la primera exigiria respuestas; la segunda, que sean correctas.”