De Tlatelolco a Iguala: el Estado contra la juventud
Por: Imanol Ordorika
La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos tomaron autobuses en Iguala para viajar a la Ciudad de México y marchar el 2 de octubre. Iban a conmemorar una masacre de estudiantes y terminaron siendo víctimas de otra. Doce años después, esa coincidencia no es una anécdota. Es una clave para entender por qué el caso sigue abierto.
A días del aniversario, el gobierno anunció que este jueves 24 la Fiscalía especializada presentaría un nuevo informe público sobre las líneas de investigación, los detenidos y las pruebas que las sustentan. La reacción de las madres y los padres fue de desconfianza. Reconocen algunos avances, entre ellos la detención del ex gobernador Ángel Aguirre y nuevos datos sobre la telefonía de los perpetradores. Pero insisten en que nada de eso les dice dónde están sus hijos. Siguen exigiendo 853 folios de inteligencia militar que la Defensa asegura que no existen. Piden el regreso del GIEI y la extradición de Tomás Zerón. Y han acusado abiertamente al gobierno de proteger a las fuerzas armadas. A la fecha, sólo se han identificado los restos de tres de los 43.
El problema de Ayotzinapa es la ausencia continuada de los estudiantes desaparecidos, no la falta de versiones. Ha habido una “verdad histórica” fabricada con tortura, una comisión de la verdad que asumió como propia la caracterización de crimen de Estado y ahora un nuevo reporte. Cada versión se presenta como un evento que promete un cierre. Cada vez, las familias responden con la misma pregunta, que ningún documento ha contestado. Mientras sigan ocultos los archivos militares que oficialmente “no existen”, ningún informe podrá evidenciar la verdad de lo ocurrido.
Para entender la resistencia a esclarecer los hechos conviene volver al 2 de octubre. En 1968, el Estado construyó al movimiento estudiantil como una conspiración contra la nación y lo trató como un enemigo militar. La represión no terminó en Tlatelolco. Al año siguiente, el gobierno cerró cerca de la mitad de las normales rurales del país, acusadas de ser focos de agitación. En Guerrero, la guerra sucia de los años setenta tuvo como blanco a comunidades campesinas, a normalistas y a maestros formados en esas escuelas; Lucio Cabañas egresó de Ayotzinapa. El Ejército que desapareció a cientos de personas en Atoyac es la misma institución cuyo batallón vigilaba, en tiempo real, lo que ocurría en Iguala esa noche de 2014.
Hay una línea que une esos episodios: la caracterización del estudiante como enemigo interno. Primero viene el estigma. Las normales rurales han sido descritas durante décadas como semilleros de guerrilleros, y a sus estudiantes se les llama vándalos, porros o secuestradores de autobuses. Después viene el castigo, y finalmente la impunidad, que el propio estigma pretende volver tolerable. Los jóvenes de Ayotzinapa eran pobres, campesinos, politizados y organizados. Reunían todas las características que el Estado mexicano ha perseguido desde antes de 1968.
Esa continuidad coloca al gobierno actual ante una contradicción que ningún informe resuelve. Reconocer que Ayotzinapa fue un crimen de Estado obliga a mirar al Ejército, porque el Ejército es Estado. Pero en estos años las fuerzas armadas han acumulado un poder institucional sin precedente: en la seguridad pública, en obras y en funciones civiles. No es posible confrontarlas y depender de ellas al mismo tiempo. Pedir confianza a las familias sin abrir los archivos no despeja esa contradicción; la agrava.
Si hay voluntad de llegar a la verdad, hay pasos concretos que no dependen de un nuevo informe. El primero es la apertura íntegra de los archivos y las instalaciones militares, con una auditoría independiente –y no la palabra de la institución investigada– que verifique si existen los 853 folios y, en su caso, su contenido. El segundo es el regreso del GIEI con plenas facultades. El tercero es la extradición de Zerón y el procesamiento de los mandos militares y civiles que sabían y no actuaron. El cuarto es cambiar la relación del Estado con las normales rurales: presupuesto suficiente, fin de la estigmatización y reconocimiento de su papel en la formación de maestros para las comunidades más pobres del país.
A las universidades públicas también les toca algo más que la conmemoración. Ayotzinapa no puede ser una fecha más en el calendario de efemérides. Es la expresión extrema de lo que ocurre cuando el Estado decide que los jóvenes organizados son una amenaza. Las comunidades estudiantiles, el personal académico, los órganos colegiados y las propias instituciones deben sostener una exigencia permanente de verdad.
“El 2 de octubre no se olvida”, se repite desde hace 58 años. El 26 de septiembre tampoco. Pero la memoria no basta. Lo que está en juego es que el Estado mexicano deje, por fin, de enfrentar a la juventud como a un enemigo.
A Adolfo Gilly, que nombró el crimen de Estado