Academia militarizada opera en Puebla desde hace más de 70 años
29 julio 2026.-Desde hace más de 70 años opera en Puebla la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), un centro de estudios privado que ofrece formación con disciplina castrense, desde prescolar hasta bachillerato, y además brinda una licenciatura en derecho y tiene una escuela de sobrecargos con el mismo modelo educativo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal pidió el lunes a los gobiernos estatales realizar una supervisión de las escuelas de educación básica “para verificar que no haya” planteles con corte militarizado.
La Jornada Oriente acudió al edificio de la AMIZ, en la esquina de la 3 Poniente y la 17 Sur en esta capital. En la entrada se encontraban un hombre que hacía de guardia, quien portaba un uniforme tipo militar caqui, con palas oscuras sobre los hombros, y al fondo, un par de mujeres con atavío semejante.
Luego de informarle el motivo de la visita y el requerimiento de una entrevista, dijo que eso no era posible porque no había personal administrativo ni directivo y el sitio se encontraba en mantenimiento.
Cuando al vigilante se le mostró un video en el cual el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores, declaró a medios de comunicación sobre una eventual clausura de la academia, simplemente exclamó: “¡Eso dicen ellos, la verdad es otra!”.
En su publicidad y material institucional, la AMIZ afirma tener más de 70 años de existencia, lo que situaría su origen entre 1954 y 1956. Fuentes históricas consultadas ubican un antecedente en el Colegio Ignacio Zaragoza, fundado en 1935 por el general Manuel Mijares Palencia, cuya academia militarizada cerró en 1974 y luego surgió una nueva institución con el mismo nombre. En la AMIZ se imparte educación prescolar, primaria, secundaria y bachillerato, además de que opera un sistema de internado.
Los alumnos son denominados “cadetes”, utilizan uniformes con características militares, participan en ceremonias de ascensos y reciben instrucción cívico-militar como parte de su formación.
La academia define su misión como una educación “intelectual, militar y humana”.
El sistema educativo también comprende la Academia Militarizada de Derecho, en el barrio de San Sebastián, donde se imparte una licenciatura bajo el mismo esquema disciplinario.
Ese programa cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) SEP-SES/21/114/01/2479/2018,según la información difundida por la propia AMIZ. Asimismo, el centro educativo alberga el Colegio Nacional de Sobrecargos, donde se forma personal para la aviación civil.
Un ex funcionario de la SEP consultado, explicó que el 24 de mayo de 1943, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el “reglamento para el funcionamiento de las academias particulares de tipo militar”, el cual estableció que la Secretaría de la Defensa Nacional era la única autoridad facultada para autorizar planteles civiles con estas características.
Presumiblemente el reglamento no fue derogado, pero contradice a la Ley General de Educación vigente.
“En el caso de haber una controversia, pues prevalecería la ley de Educación y de facto quedaría eliminado el reglamento”, señaló en entrevista Juan de Dios Varela Marino, presidente de la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla.
No obstante, el ex servidor público citado explicó que el RVOE no autoriza por sí mismo el carácter “militarizado” de una escuela y que la SEP sí tiene razón al exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos y a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ningún modelo disciplinario puede justificar castigos, maltrato, humillaciones, vejaciones o violencia física y sicológica.
La SEP ha puntualizado que la educación militar corresponde exclusivamente a la formación de integrantes de las fuerzas armadas y no constituye una modalidad prevista para la educación básica ni media superior.
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que carece de facultades para autorizar, inspeccionar o supervisar escuelas particulares que se anuncian como militarizadas, por lo que la revisión de los permisos educativos corresponde a las autoridades civiles.