Alimentos intoxicados, un retroceso en cuanto a derechos humanos

• También prevalecen residuos del uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos en agua, suelo, aire y directamente en los cuerpos de las personas debido a las fumigaciones aéreas con avionetas o drones: Rodrigo Llanes Salazar

15 enero 2026. –Los diversos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, están fallando en garantizar que los alimentos que consume la población mexicana sean realmente saludables y que el aire que respira sea limpio y seguro; son muchos los retrocesos en materia de derechos humanos por alimentos intoxicados, consideró Rodrigo Llanes Salazar, especialista del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM.

Al moderar la mesa panel “Derechos humanos y sustancias tóxicas en la península de Yucatán”, organizada “con el propósito de reflexionar sobre un tema urgente para esa región”, el universitario indicó que el propósito de este encuentro fue señalar cómo los residuos del uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos “no sólo se encuentran en los alimentos que comemos, sino también en el agua, el suelo, el aire y directamente en los cuerpos de las personas debido de las fumigaciones aéreas con avionetas o drones”; también en el aire “pestilente que respiran muchas comunidades de la región, sobre todo aquellas afectadas por granjas porcícolas o avícolas”.

David Lovatón, oficial senior de la Fundación para el Debido Proceso de Perú (organización de la sociedad civil que analiza problemáticas en el continente americano), indicó que en el mundo estamos en una época de retroceso en materia de derechos humanos, de tolerancia frente a la diferencia y de Estado de derecho.

Cada vez tienen mayor fuerza social y política discursos que plantean poner entre paréntesis al Estado de derecho y a los derechos humanos, medios de mayor eficacia para luchar contra diversos problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas, como el crimen organizado, la delincuencia, la pobreza y la falta de desarrollo.

Destacó que a 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha logrado mediano éxito en dos objetivos centrales: la solución pacífica de los conflictos internacionales y la legislación que señala que todos los seres humanos, sin distinción alguna de color, raza, origen, condición social o género, tenemos los mismos derechos.

Precisó que desde 2015 detectaron en la Península de Yucatán problemas de derechos humanos y contaminación ambiental; ahora los hay de mayor magnitud, cuando han visto un preocupante crecimiento de diversas fuentes multicausales de vulneración de derechos fundamentales.

“Se percibe a la península de Yucatán como una oportunidad de inversión y negocios en México, dadas las condiciones de cierta seguridad y estabilidad, con inversiones públicas o privadas que no tomaron en cuenta la sostenibilidad ambiental y la licencia social”, mencionó.

En esta década destaca en esa la región el crecimiento de inversiones inmobiliarias y hoteleras, así como de grandes infraestructuras, como el Tren Maya, que tanto rechazo ha tenido y que finalmente se impuso, además de las granjas porcícolas, las agroindustrias, los agrotóxicos, los monocultivos, todos los cuales han hecho grandes violaciones no sólo a los derechos humanos, sino también al ambiente, lo que afecta los derechos humanos de esta y de próximas generaciones.

A su vez, Bernardo Serrano González, oficial de Derechos Humanos de la ONU en México, indicó que en la península de Yucatán hay un cruce de muchos tipos de tóxicos y de impactos, por lo que “es un gran acierto que en el marco del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) nos centremos en este tema y en Yucatán”.

Recordó que desde 2022 la ONU tiene una oficina en México donde se hacen actividades formativas; asistencia técnica a autoridades, comunidades, ciudadanos civiles, así como incidencia en normas y políticas pública. “Utilizamos estándares internacionales de derechos humanos, como el derecho al medio ambiente sano”, detalló.

El encuentro fue organizado por el CEPHCIS en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y la Fundación para el Debido Proceso.

El foro contó con la participación de la activista y abogada Lourdes Medina Carrillo, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal; del abogado Orvelín Montiel Cortés, del Instituto Federal de Defensoría Pública, y Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chí, comunidad maya en Yucatán, conocido por encabezar la lucha contra una granja porcina en esa entidad, acusada de contaminar el agua y el aire.