Cuando el magisterio exige y el poder no escucha; las divergencias entre la CNTE y el Gobierno Federal

Por: Marco Antonio García Téllez

En el umbral de unas elecciones judiciales inéditas, el país presencia un nuevo episodio de tensión entre el Estado y uno de los movimientos sociales más influyentes del México contemporáneo: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esta vez, la confrontación con el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha escalado de forma acelerada y simbólicamente poderosa. El magisterio disidente ha dejado claro que no basta con haber sido parte de la Cuarta Transformación; ahora exige ser escuchado, no solo recordado.

Desde hace semanas, la CNTE mantiene bloqueos, plantones y protestas en puntos clave de la Ciudad de México, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda. Sus demandas incluyen desde la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el incremento salarial al 100 por ciento (petición fuera de contexto económico), hasta el cumplimiento de acuerdos que datan del sexenio anterior, cuando el propio presidente López Obrador pactó con ellos en Guelatao. En aquel entonces, los maestros eran aliados del cambio; hoy, la narrativa oficial comienza a catalogarlos como parte de la oposición.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum lanzó algunas críticas: “Están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo”. La presidenta cuestionó el sentido de las protestas y sugirió que los reclamos magisteriales están siendo utilizados como herramientas políticas para desestabilizar el proceso democrático. La coincidencia en el discurso entre sectores conservadores y un sindicato tradicionalmente de izquierda genera desconcierto, pero también merece análisis.

Pedro Hernández, vocero de la CNTE, lo ve distinto: “No estamos contra esta elección, lo que estamos pidiendo es que se nos atienda”. Según él, no hay una postura ideológica detrás de los bloqueos, sino una urgencia práctica: negociar, obtener respuestas y avanzar en el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos.

¿Crisis de representación o confrontación necesaria?

El conflicto plantea interrogantes que van más allá de lo evidente. ¿Es legítimo que un sindicato presione en tiempos electorales para obtener lo que considera justo?, ¿Debe un gobierno que se dice transformador escuchar con más apertura las voces críticas, incluso cuando incomodan?, ¿O bien, se trata de un chantaje político en el peor momento?

La CNTE ha demostrado ser un actor político con capacidad real de movilización. Con cerca de 350 mil integrantes, su influencia se extiende por estados clave como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Sus reclamos no siempre son unívocos ni sus métodos pacíficos, pero su papel dentro del sistema educativo y político es claro.

En gobiernos anteriores, la CNTE fue contenida a través de negociaciones, concesiones y a veces represión. López Obrador optó por tender puentes, pero incluso él enfrentó bloqueos —como aquel en Chiapas en 2021 que le impidió avanzar durante horas. Hoy, con Sheinbaum al frente, el equilibrio entre autoridad y diálogo vuelve a estar en juego.

Pensamiento crítico: el terreno más fértil

Ante este escenario, como medio de comunicación comprometido con la verdad y la reflexión, proponemos no solo observar, sino pensar:

• ¿Hasta qué punto las protestas sociales deben respetar los tiempos electorales?
• ¿Es válido etiquetar a quienes disienten como “conservadores” solo por no alinearse al discurso oficial?
• ¿Está el gobierno preparado para escuchar sin descalificar o viceversa ?
• ¿Está la CNTE dispuesta a negociar sin recurrir al colapso de la vida pública como primera estrategia?

Las respuestas no son simples, pero el debate es necesario. No es una lucha entre buenos y malos, sino entre visiones de país que chocan en las calles, los micrófonos y las urnas.

¿Y ahora qué?

La semana electoral promete ser intensa, no solo por las urnas, sino por las protestas, los discursos y las consecuencias de no escuchar a tiempo. Este conflicto no se resolverá en un día, ni terminará con un resultado electoral. La pregunta de fondo es otra: ¿será capaz el nuevo gobierno de construir una relación distinta con los movimientos sociales que ayer fueron aliados y hoy son críticos?

El magisterio disidente ha dejado claro que no basta con la narrativa del cambio: quiere resultados tangibles, respeto a su autonomía y cumplimiento de compromisos históricos. Mientras tanto, el gobierno enfrenta el reto de mantener la gobernabilidad y legitimar su proyecto de transformación sin recurrir a la descalificación sistemática de toda crítica.

Las movilizaciones no cesarán con discursos ni con llamados al orden. Tampoco desaparecerán ignorándolas. Lo que está en juego es más que una serie de demandas laborales o políticas: es el tipo de diálogo social que este sexenio está dispuesto a sostener. ¿Será un diálogo abierto a la crítica, o uno condicionado por la lealtad?

En el fondo, lo que vivimos es una prueba para todos:

— Para la CNTE, que debe replantear hasta qué punto su estrategia de presión es compatible con una lucha por la educación pública verdaderamente incluyente.

— Para el gobierno, que necesita demostrar que el poder no lo ha alejado del pueblo que lo eligió.

— Y para la ciudadanía, que tiene el desafío de observar con atención, sin caer en bandos automáticos, y de preguntarse qué clase de país queremos construir cuando la crítica ya no es cómoda.

La historia reciente ha demostrado que ignorar a los actores sociales nunca ha sido una solución duradera. Quizá es momento de reinventar la forma en que se escucha, se dialoga y se negocia. Porque en un país tan complejo como México, la gobernabilidad no se impone: se construye todos los días, incluso —y sobre todo— con quienes piensan distinto.