Explotación sexual concentra ocho de cada 10 casos de trata de personas en Puebla

• Especialistas advierten que hay impunidad y deficiencias en la investigación de este delito

5 agosto 2026.-La explotación sexual concentró ocho de cada 10 investigaciones por trata de personas abiertas en el estado de Puebla entre 2024 y lo que va de 2026, al sumar 54 —equivalentes a 78.2%— de las 69 carpetas por este delito iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por debajo se ubica la trata con fines de explotación laboral, con siete carpetas. Las ocho restantes fueron agrupadas en una categoría genérica de “otro tipo”, sin que la dependencia precisara —en respuesta a la solicitud de información 1020421526000296, realizada por este medio— si corresponden a modalidades como esclavitud, matrimonio forzado o tráfico de órganos.

El desglose anual revela que la explotación sexual ha permanecido de forma constante y predominante durante el periodo. En 2024 se contabilizaron 35 carpetas por esta modalidad, distribuidas en casi todos los meses y con repuntes en marzo, junio y julio.

Para 2025, la cifra bajó a 15 registros, con incrementos en junio y agosto. Hasta abril de 2026 se registraron cuatro carpetas por este mismo delito: dos en enero, una en febrero y una en abril.

Respecto a los municipios con mayor incidencia, destacó Puebla capital, que concentró 23 carpetas —, equivalente a 33.3% del total—: 15 en 2024, seis en 2025 y dos en 2026. Le siguieron San Andrés Cholula, con cinco casos (todos registrados en 2024); y Atlixco, con tres (uno en 2025 y dos en 2026).

Rezago judicial: escasas vinculaciones y órdenes de aprehensión

A pesar del volumen de carpetas abiertas, la FGE reportó únicamente siete órdenes de aprehensión ejecutadas: seis en 2024 y una en 2025, mientras que en lo que va de 2026 no se ha cumplimentado ninguna.

En cuanto a las vinculaciones a proceso, apenas se han concretado tres en todo el periodo. Este dato contrasta con las 13 sentencias condenatorias y una absolutoria (registrada en abril de 2024) reportadas desde 2024.

Aunque el documento oficial no especifica si las condenas corresponden a las 69 carpetas del periodo analizado, la abogada Keren Elizabeth Reyes Castro, doctora en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado (CEP), aclaró que la escasez de condenas recientes se debe a factores como recursos legales y amparos que alargan los procedimientos, provocando que las sentencias dictadas en la actualidad respondan a procesos iniciados en años anteriores.

Las causas: feminización y rentabilidad del delito

Respecto a la prevalencia de la explotación sexual en la entidad, Rosario Arrambide González, especialista en Derecho Penal Internacional y académica de la Universidad Iberoamericana Puebla, explicó que este fenómeno responde a la conjunción de dos factores: la feminización y la sexualización de la trata. Señaló que las mujeres, debido a condiciones económicas e ideológicas, constituyen el sector de mayor vulnerabilidad.

Como sustento nacional, citó el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en 2021 reportó 75% de víctimas mujeres, mientras que un estudio de la Ibero Puebla (2015-2022) identificó una proporción de 63%.

Sobre este punto, Reyes Castro coincidió en que la explotación sexual registra la mayor incidencia porque los grupos del crimen organizado ven el cuerpo de las mujeres como un negocio de bajo costo operativo y alta rentabilidad.

Impunidad y deficiencias en la investigación

Arrambide González consideró la tasa de judicialización como baja y calificó como “sumamente preocupante” que las vinculaciones a proceso y las sentencias representen un porcentaje mínimo frente al total de indagatorias. Subrayó que la trata es un delito complejo que exige capacitación especializada y perspectiva de género.

La “cifra negra” y la clandestinidad de las redes

Las especialistas coincidieron en que una baja en los registros oficiales no implica una reducción real del delito. Arrambide González enfatizó que las redes de crimen organizado operan en la clandestinidad, trasladando constantemente a las víctimas y sometiéndolas a mecanismos de coerción que dificultan la denuncia.

Explicó que en Puebla la cifra negra —delitos no denunciados— alcanza 93%. “Estamos hablando de que la mayor parte de las víctimas de este delito no denuncian (…) Hay un temor de las víctimas; las que logran escapar son las menos”, puntualizó, al tiempo que citó estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas: por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar.

Por su parte, Reyes Castro agregó que Puebla opera como una ruta de paso estratégica para la trata sexual, conectando a entidades como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, por lo que el análisis de la problemática exige una visión regional e integral.

Dinámica territorial y falencias en la prevención

Respecto a la concentración de casos en la capital, Arrambide González aclaró que el registro de la carpeta no necesariamente marca el lugar exacto del delito por la alta movilidad de las víctimas. Sin embargo, reconoció que la zona metropolitana —incluyendo la capital y municipios como Cholula y Cuautlancingo— presenta altos índices debido a su desarrollo económico, vías de comunicación y la cercanía con el corredor Puebla-Tlaxcala.

Finalmente, al aludir al diagnóstico de la Ibero Puebla (2015-2022) —que documentó 49 carpetas en 2021 y 38 en 2022—, la académica criticó las políticas públicas actuales: “Se lanzan distintas estrategias y campañas de prevención de carácter generalizado que no llegan a los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

Señaló que la ausencia de datos desagregados por sexo, edad y municipio impide diseñar políticas focalizadas, y urgió a realizar operativos en centros de explotación (casas de citas, moteles y clubes nocturnos), investigar a servidores públicos involucrados y vincular la trata con delitos como la desaparición y el feminicidio. Reyes Castro concluyó que el combate al delito no debe quedarse en discursos ni en reuniones interinstitucionales, sino en acciones legales e investigaciones a fondo por parte de la Fiscalía.