• La administración estatal dejó en claro que la existencia de observaciones no implica un daño patrimonial, ni se debe interpretar como un señalamiento de corrupción o mala gestión.

La Secretaría de la Función Pública de Puebla anunció que revisará y aclarará las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su segunda entrega sobre la cuenta pública de 2023, que incluyen un monto de 497 millones 862 mil pesos.

Estas observaciones se refieren a proyectos ejecutados durante el ejercicio fiscal del presente año.

El informe, publicado el pasado 29 de octubre, señala que los 497 millones de pesos corresponden a “proyectos integrales” que asegura el gobierno estatal, ya están completamente concluidos.

Las observaciones realizadas por la ASF no implican necesariamente un daño al erario público, sino que buscan aclaraciones sobre los procedimientos y documentación de los proyectos auditados.

En el informe se destacaron dos contratos relacionados con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

El primero, por un monto de 120 millones de pesos, fue destinado a la rehabilitación del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez. El segundo, con un valor de 369 millones de pesos, se refiere a la rehabilitación y ampliación del Centro de Reinserción Social de Puebla.

Además, se mencionó un pliego de observación en la auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por 7 millones de pesos.

La ASF cuestionó el monto total de los contratos, destacando la falta de croquis y reportes fotográficos que documenten la corrección de deficiencias identificadas durante el proceso constructivo.

Al respecto, la administración estatal señaló que dichas situaciones fueron registradas en las bitácoras de obra y que las correcciones fueron realizadas por los contratistas a tiempo. Por lo que la Secretaría de la Función Pública se comprometió a proporcionar la documentación necesaria para solventar estas observaciones dentro del plazo de 30 días estipulado por la ley.

La administración estatal dejó en claro que la existencia de observaciones no implica un daño patrimonial, ni se debe interpretar como un señalamiento de corrupción o mala gestión. Ya que, las observaciones forman parte del proceso normal de auditoría, donde se busca aclarar y validar el uso de los recursos públicos.

Con información: E-Consulta

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