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Habrá protestas si el gobierno inicia construcción del distribuidor vial, advierte Central de Abasto
Ante la negativa del gobierno del estado de socializar el proyecto de la construcción del distribuidor vial, los 19 integrantes del Consejo General de Administración de la Central de Abasto de Puebla determinaron en sesión tomar acciones -entre las que se encuentran protestar y cerrar vialidades-, si la administración que encabeza Salomón Céspedes Peregrina no consensa la obra con los comerciantes.
El administrador general, Israel García Pineda, dijo que en los próximos días estarán convocando a una asamblea extraordinaria, para que sean los mismos comerciantes quienes determinen y voten las acciones a efectuar.
En entrevista, con La Jornada de Oriente, informó que el organismo que representa hace las funciones que competen al gobierno estatal de informar sobre el proyecto, a raíz de la publicación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), para contener la presión que han ejercido los comerciantes.
“El Consejo está apaciguando a los comerciantes, estamos fungiendo como una válvula de escape para una bomba social que en cualquier momento pueda detonar”, advirtió.
García Pineda alertó que los 10 meses que el gobierno prospecta que durará la obra del distribuidor podría cerrar algunas bodegas y locales de perecederos, principalmente, debido a que algunos comerciantes rentan espacios hasta en 35 mil pesos mensuales.
Ante lo expuesto, reiteró el llamado al gobernador Salomón Céspedes Peregrina; al secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón; y al secretario de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, para establecer mesas de trabajo “porque necesitamos escucharlos, pero también que nos escuchen”.
En la actualidad, dijo que priva una situación de incertidumbre entre los 15 mil usuarios de la Central de Abasto, entre comerciantes y compradores, debido a que ya se hizo pública la obra del distribuidor, pero desconocen cuándo arrancarán los trabajos y las medidas que se tomarán para evitar pérdidas económicas en la zona.
“La autoridad no nos está brindando información de forma oportuna y hay preocupación que en los 10 meses que dure la obra, pueda ser el fin de algunos negocios”, recalcó.
Tras la emergencia sanitaria por Covid-19 comentó que han ido recuperando la economía de manera lenta y, por lo tanto, la mejor temporada de ventas que esperan en el año es la que comprende el periodo conocido como Guadalupe-Reyes, del 12 de diciembre al 6 de enero, la cual se verá afectada por los trabajos.
Israel García dijo que si no hay diálogo ni logística está en riesgo toda la cadena de abastecimientos y suministros, que cuentan con sus propios mecanismos de proveedurías.
“Los comerciantes a diario nos preguntan qué estamos haciendo para no resultar afectados, pero lo cierto es que hay desconocimiento y no hay diálogo con las autoridades”, señaló.
El administrador refirió que los 15 mil comerciantes y usuarios que todos los días convergen en la Central de Abasto son los afectados de manera directa por el proyecto del distribuidor vial.
Sin embargo, afirmó que también hay afectaciones indirectas con los comerciantes que tienen sus locales sobre la Vía Corta a Tlaxcala, por tratarse de una importante vialidad que comunica a Puebla con el estado vecino. Además, añadió, las personas que viven en las inmediaciones, como la Unidad Habitacional Villa Frontera y la colonia El Conde, así como la junta auxiliar de San Pablo del Monte.
“No queremos que se realice nuestra voluntad, hay que consensar”
El administrador del Consejo General dijo que la prioridad para los comerciantes es el diálogo, y van a agotar todas las instancias para convocar a las autoridades a instalar mesas de trabajo.
“Nosotros no queremos que se realice nuestra voluntad, hay que consensar, de lo contrario estaríamos tomando acciones en la próxima sesión del Consejo General”, anticipó.
Por esta razón, sostuvo que están valorando las acciones a tomar, en caso de que no haya acercamiento con las autoridades estatales y arranquen los trabajos de construcción sin el consentimiento de los comerciantes y vecinos.
Comentó que en promedio los 19 consejeros, 18 comerciantes y un representante del gobierno municipal, sesionan una vez por mes, pero aclaró que por tratarse de un caso especial estarían convocando a asamblea de manera extraordinaria.
Argumentó que el Consejo General es una representación legal que está estipulada dentro del Código de Reglamentación el Municipio de Puebla (Coremun) y, por lo tanto, no pueden pasar desapercibidos.
Al final, recalcó que los comerciantes de la Central de Abasto buscan el diálogo para evitar protestar y afectaciones a la población.
“Lo que queremos es que prive la buena fe, no pedimos algo más”, concluyó.
Información: La Jornada de Oriente
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