Jornada nacional rezarsitoria

Maestros

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

El Boletín 294. Encabeza secretario Mario Delgado “Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil”, publicado el 8 de septiembre pasado Gracia, daría cuenta de una actividad, que realizada en una escuela de la Ciudad de México, tendría una connotación nacional de carácter resarcitorio, al tiempo que en el mismo comunicado, se mencionaría que el titular de la oficina educativa informaría “que este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 25/09/25, que establece los lineamientos para la prevención, atención, detección, intervención y medidas de no repetición en casos de violencia sexual y maltrato infantil en educación básica”.

Ampliando el universo al que se referiría el encabezado del comunicado institucional, el slogan de La Jornada Nacional “Hoy rompemos el silencio bajo la premisa: Te veo, te creo y te cuido, porque proteger la infancia es proteger lo más valioso de nuestra patria”, tendría varios destinatarios entre los que se encontrarían las autoridades educativas de las instituciones de educación maternal, preescolar, primaria y secundaria incluidas las de supervisión escolar, por un lado, y por otro, al personal docente de las escuelas de educación básica. A estas, les diría: “deben ser absolutamente intolerantes frente al abuso sexual y al maltrato infantil, porque las escuelas deben posicionarse como lugares seguros donde niñas, niños y adolescentes aprendan y se diviertan”. No obstante a los nuevos lineamientos de comportamiento destacados en el Acuerdo 25/09/25, el “Artículo 12 [de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento que data del 4 de diciembre de 2014 que estableciera el Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) para garantizar su protección, prevención y restitución en caso de vulneración, señalaría:] Es obligación de toda personaque tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables”.

La fracción XXIII, del Artículo 57 del Capítulo Décimo Primero Del Derecho a la Educación, obligaría a “Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos”, en tanto que la fracción IV del Artículo 59 [mandataría] “Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables”.

Delgado mencionaría, señala el documento, porcentajes dramáticos: “el 16 por ciento de niñas y niños de 10 a 13 años reconocen haber vivido abuso sexual; en adolescentes de 14 a 17 años, la cifra alcanza casi 38 por ciento, y cuatro de cada 10 delitos sexuales tienen como víctimas a menores de edad lo que obliga a fortalecer las medidas de prevención y protección”; porcentajes que traducidos a números absolutos equivaldrían, tentativamente a más de 800 000 niñas y niños de 10 a 13 años y a más de 1 900 000 adolescentes de 14 años y más de 24 000 delitos anuales -se supondría denunciados- cometidos en contra de menores. 

No obstante Gracia y aunque no hay nada nuevo bajo el sol, “La jornada [nacional] del 8 de septiembre de 2025, encabezada por Mario Delgado, no fue solo una iniciativa de política [educativa], sino una medida de reparación institucional ordenada por sentencia judicial. Su inclusión en el calendario escolar busca: Prevenir futuros abusos; Sensibilizar a la comunidad educativa [y] Reconocer y dignificar a las víctimas”; contexto en el que el titular de la oficina educativa mostraría empatía hacia las y los menores al señalar: “Cada gesto cuenta: una palabra amable, un adulto que escucha, una maestra que cree, un protocolo que se cumple. Así se construye un país donde la infancia florezca sin miedo”. 

Al ser un acto reparatorio Gracia, el responsable del sector educativo estaría acompañado de mujeres destacadas de la administración pública; entre ellas, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, y Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y quienes darían a conocer diversas acciones de divulgación de materiales (Cartilla de Derechos de las Mujeres). Al tiempo y en clara alusión a la sentencia judicial, la titular de Sipinna mencionaría “que la instalación de esta jornada en el calendario escolar complementa los lineamientos y protocolos de respeto y seguridad para proteger a niñas, niños y adolescentes”.

La protección de la infancia no podría esperar. Las cifras, los testimonios y las sentencias le recuerdan “al pueblo” que el abuso sexual infantil sería una realidad que exigiría acción inmediata. La jornada nacional resarcitoria y las medidas institucionales serían pasos importantes, pero el verdadero cambio vendría cuando cada escuela, cada familia y cada autoridad asuma su parte. Porque como dice el refrán: “Más val[dría] prevenir que lamentar.”