Llama el Unicef a no sólo restringir en el mundo las redes sociales a niños y adolescentes

Por: Laura Poy

Ante la creciente preocupación por el efecto de las redes sociales en la salud mental y bienestar de niños y adolescentes en el mundo, al menos 114 naciones y sus sistemas educativos han impulsado algún mecanismo de regulación, principalmente la prohibición de usar teléfonos celulares en las escuelas, de acuerdo con datos del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los métodos más aceptados a la fecha también incluyen la restricción de acceso por edad, controles parentales y verificación de identidad. Sin embargo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alerta que dichas intervenciones no deben limitarse a acciones restrictivas.

En sus recomendaciones de política pública para generar espacios digitales seguros, emitidas en 2025, destaca que los esfuerzos regulatorios “no sólo deben mitigar los riesgos, sino también potenciar los aspectos positivos de sus experiencias digitales”.

Luego de que países como Australia, y recientemente Francia, establecieran marcos jurídicos regulatorios para el uso de redes sociales en menores de edad, el organismo de Naciones Unidas destacó que las plataformas digitales desempeñan un papel “fundamental en la vida diaria” de las infancias.

Recordó que las redes sociales pueden ofrecer oportunidades para el aprendizaje, la conexión, el juego y la autoexpresión, pero también, subrayó, existen “riesgos graves que deben mitigarse”.

Unicef considera que un actor clave en cualquier proceso regulatorio son los propios niños y adolescentes, a quienes se les debe incorporar en el debate, y establecer objetivos claros en cualquier acción de restricción por edad, como protegerlos del acoso en línea, victimización sexual, exposición a contenido dañino y de impactos en su salud mental.

El documento alerta de posibles efectos negativos no intencionados en medidas de restricción por edad y que pueden socavar los derechos de niños y adolescentes, como limitar el acceso a información educativa, de salud o comunidades de apoyo.

Además, puede reducir los incentivos para que las empresas inviertan en mejorar las experiencias digitales dirigidas a este sector y el diseño de espacios seguros, empujar a los menores hacia espacios en línea menos regulados, afectar desproporcionadamente a niños y adolescentes en zonas rurales o en situación de desventaja que dependen de las redes sociales para acceder a recursos.