Plan electoral de Sheinbaum endurece medidas ‘antinarco’

• Financiamiento ilegal: Sheinbaum plantea prohibir aportaciones privadas en efectivo destinadas a gastos de campaña y obligar a que sean mediante transferencias en el sistema bancario, e incluso no permitir el fondeo de candidatos y partidos desde el extranjero.

CDMX, 5 marzo 2026.- La Cámara de Diputados recibió ayer a las 14:30 horas la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma 11 artículos de la Constitución en materia electoral, y la remitió a comisiones para dictamen. La mandataria confirma su propuesta de reducir de 128 a 96 los senadores y modificar el mecanismo de elección de 200 diputados de representación proporcional.

El cambio busca que los 200 pluris “no sean resultado exclusivo” de las decisiones de las cúpulas de los partidos y propone suprimir las listas de 40 candidatos por cada una de las circunscripciones y que los legisladores de representación se asignen por dos vías: 100 serían los segundos mejor votados y 100 irían a una votación directa.

La iniciativa fue entregada por el enlace de Gobernación con el Congreso, Juan Ramiro Robledo, a la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán (PAN), en un trámite de cinco minutos. En el documento, Sheinbaum desarrolla el “decálogo” que ya se había anunciado en días recientes en la mañanera.

Solicita reducir el presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario. Actualmente, se calcula al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; la iniciativa reduce la segunda variable a 48.75.

Si bien en términos nominales significa 16.25 por ciento menos, respecto al total es de 25 por ciento de la erogación comicial, y el cálculo de Morena es que se ahorrarían más de 15 mil millones de pesos.

También endurece las medidas contra el financiamiento ilegal, para lo que plantea prohibir aportaciones privadas en efectivo destinadas a gastos de campaña y obligar a que sean mediante transferencias en el sistema bancario, e incluso no permitir el fondeo de candidatos y partidos desde el extranjero.

En la exposición de motivos, la Presidenta indica que son medidas para evitar “injerencias indebidas” en los procesos y “salvaguardar la autenticidad del sufragio” ante riesgos como la intervención de personas vinculadas a delitos graves.

Como medida adicional, se prevé que las autoridades de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera puedan solicitar información relevante de los abanderados “para salvaguardar la integridad” de los comicios, así como obligar a candidatos y partidos a reportar al Instituto Nacional Electoral todos sus ingresos, egresos y operaciones financieras, incluidos valores, divisas y activos virtuales, así como de crédito, seguros y finanzas, compra o venta de bienes y demás activos.

Se confirmó la intención de reducir de 48 a 35 minutos al día los tiempos oficiales para difusión de los partidos.

La única medida que considera para los órganos y autoridades comiciales es definir que los consejeros del INE y sus funcionarios, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y los tribunales, no ganen más que el titular del Ejecutivo federal.

Respecto al cómputo de los votos en las elecciones locales, plantea que arranque a partir de la recepción del primer paquete en los consejos distritales, la misma noche de cada proceso y no hasta el miércoles siguiente, como ocurre ahora.

Asimismo, la mandataria propone ampliar los derechos de participación ciudadana en procesos de democracia directa en estados y municipios.

En la exposición de motivos, precisa que la reducción del costo de los comicios y las nuevas medidas para evitar “injerencias indebidas e ilícitas” en las elecciones “no deben entenderse como ruptura”.

Incluso, manifiesta que “la revisión de los esquemas de financiamiento político, de los costos institucionales y de las estructuras del aparato electoral deben entenderse como un proceso de fortalecimiento democrático, no como una restricción al pluralismo político”.

Señala que su iniciativa no intenta “modificar las reglas democráticas por razones circunstanciales” o para “favorecer o perjudicar a personas o grupos determinados, sino fortalecer la confianza ciudadana, la legitimidad institucional electoral y la funcionalidad del sistema democrático”.

Esto es, agrega, “reformar la Constitución en materia electoral es perfeccionarla, no sustituirla; es ajustar sus mecanismos a los desafíos contemporáneos: altos costos, complejidad administrativa, riesgos de financiamiento, duplicidad de funciones y exigencias de mayor participación ciudadana”.

Al abordar uno de los puntos que más polémica han creado entre los partidos, Sheinbaum explica que el proyecto no pretende eliminar el principio de representación proporcional para elegir a 200 de los 500 diputados federales, sino “transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas o de las cúpulas, sino de la expresión directa de la voluntad popular”.

Afirma que “la consolidación democrática exige no debilitar la representación proporcional, sino fortalecer su legitimidad pública mediante sistemas que consideren la participación popular en la asignación”.

La fórmula que plantea a la Cámara es asignar “los 100 segundos mejores lugares en la elección, que no hayan obtenido el triunfo en sus distritos, y 100 por votación directa en las cinco circunscripciones regionales, donde se incluirán las candidaturas electas por los mexicanos residentes en el extranjero”.

Considera necesario reducir el financiamiento a los partidos, porque “en un país con tanto rezago social y necesidades básicas por atender, una democracia onerosa es un agravio para su población, (y) su legitimidad y la credibilidad se debilitan”.

Sobre el uso de inteligencia artificial, Sheinbaum plantea que todo contenido relacionado con las elecciones y que sea modificado o alterado, se etiquete como tal por quienes lo emitan, y las empresas de radio, televisión y plataformas sean “responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”.