Profesores universitarios y pensiones
Por: Hugo Aboites*
En las universidades y otros centros de educación superior, en apariencia el tema de la pensión no toca tanto a las y los académicos como a los administrativos y manuales. Es real la imagen de “académico” miembro del SNI, con generosos sobresueldos (“becas y estímulos”), pagos por investigaciones y asesorías, pero son muy pocos, apenas cerca de 15% de los 234 mil docentes superiores actuales en el país (Inegi), y el resto sólo tiene ingresos entre 8 mil y 25 mil netos. Es este último segmento el que no fue del todo indiferente a la discusión sobre las pensiones porque intuyeron que sí resultarán perjudicados con el cambio de esquema de pensiones que promovió el PAN en 2007 y que ahora defiende con enjundia el gobierno de la 4T.
Además, la lucha y los pronunciamientos, particularmente de la CNTE, contribuyeron a llamar la atención sobre esta realidad. Porque son la generación que vino contratada a partir de 2007, el año en que la modificación de la ley abrió los ahorros y la agenda misma del Issste al mundo del movimiento de capitales, sin restricción, sin control, y sin cuidar de los que se pasan la vida contribuyendo a que la nación piense desde su historia y las necesidades de conocimiento mayoritarias.
En la atención a lo que ocurría, no fue sólo el origen derechista del cambio de esquema, también, y muy importante, la reacción desmedida de “contención”, descalificación discursiva y el rechazo presidencial mismo. Si se añade la difusión que tuvo el video de la promesa que hizo la entonces candidata Sheinbaum de derogar dicha ley, la enorme cantidad de neogranaderos que impidieron el acceso de maestros al Zócalo, y el uso de balas de goma y sus consecuencias reales y simbólicas al herir y dejar ciego a un joven maestro, se configura un escenario donde las pensiones repentinamente se vuelven tema central.
Las pensiones traen desigualdad. Hay cerca de 232 mil docentes en centros superiores (Inegi) y aproximadamente la mitad se acogió al décimo transitorio de la ley 2007 y tendrán su pensión en la versión previa: hasta cerca de 30 mil pesos mensuales de manera, digamos, automática. La otra mitad son todos los docentes contratados a partir de 2007 con la nueva ley. Más jóvenes, más preparados, más mal pagados –precarizados– y con más dificultades pensionarias. Si acaso llegan al nivel de ingresos más alto, también podrán tener una pensión de 30 mil mensuales, pero sólo si ahorraron en su Afore entre 8 y 10 millones de pesos. Algo casi inalcanzable, dado lo precario de los salarios en la educación superior para temporales, interinos, de asignatura, medio tiempo. Pero, además, la pensión tendrá restricciones; una sola ejemplifica bien el caso: no hay acceso a servicios de salud, de tal manera que cualquier cirugía importante, enfermedad crónica significativa o problemas de vivienda o consumos ineludibles propios de la edad avanzada, pueden causar una disminución notable en el ahorro alcanzado. Y, además, en cualquier momento que se agote el fondo, cesará la pensión. Esto afectará también a los trabajadores administrativos y académicos que cuentan con un apoyo adicional a la pensión (UNAM, Colmex y otras), a menos que las instituciones aumenten la contribución adicional.
En unos cuantos años, la generación pensionada (esquema 2007) comenzará a jubilarse y un gobierno e instituciones previsorias deberían anticipar ahora una crisis que con cada año se irá profundizando y extendiendo. Ocurrirá cuando más y más caigan en la cuenta de que el esquema encierra una falsa promesa de tranquilidad. Y la crisis se convertirá en permanente. Los gremios y agrupaciones de académicos desde ahora pueden comenzar a tomar providencias para este inminente futuro. Sobre todo, cuando además ya desde años atrás se ha instalado la tendencia a restringir cada vez más las promociones a los niveles más altos en prestigio e ingresos. En la UAM, por ejemplo, desde hace años se creó un verdadero muro en el paso de la categoría de profesor asociado a titular. Y ahora las autoridades impulsan la creación de un requisito adicional: que quien desee pasar a titular debe haber sido asesor de tesis de posgrado de otros académicos. Algo que generalmente no se encarga a los asociados.
¿Cuántos profesores serán afectados? Actualmente son cerca de la mitad de los más de 200 mil que fueron contratados después de 2007, pero irán aumentando año con año. De los actuales, 43 por ciento son personas con más de 50 años y 53 por ciento tienen maestría o doctorado. De tal manera que la primera señal de la crisis será el espectáculo de miles de ancianos y ancianas docentes, maestros y doctores, que vivirán en una situación de riesgo constante de la indigencia. Doctoradas y doctorados con problemas, buscando préstamos y apoyos, con cierta desesperación, será en el México transformado una señal tangible y fuerte de su decaimiento de la idea y futuro de la educación.
* UAM-Xochimilco