Un cadáver en la sala

MI VOZ

Por: Enrique Romero Razo
El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, no solo fue fusilado Maximiliano de Habsburgo; junto a él también fueron ejecutados los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, condenados por un Consejo de Guerra de la República por el delito de traición a la patria.
Miguel Miramón provenía de una familia acomodada. Tras su ejecución, sus deudos pudieron brindarle sepultura con la dignidad que las circunstancias permitían.
Muy distinta fue la suerte del general Tomás Mejía.
Nacido en la más absoluta pobreza y de ascendencia otomí, el llamado “Señor de la Sierra Gorda” jamás logró abandonar las limitaciones económicas que lo acompañaron desde la infancia. Desde muy joven abrazó la carrera de las armas y combatió con valentía durante la intervención estadounidense en México, demostrando un profundo amor por su patria.
Paradójicamente, aquel militar que había defendido el territorio nacional terminó incorporándose a las filas del Partido Conservador y apoyando el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano.
Su decisión no obedeció a ambiciones personales ni a intereses económicos. Respondía, sobre todo, a una convicción religiosa profundamente arraigada. Mejía consideraba que las Leyes de Reforma y el gobierno republicano encabezado por Benito Juárez representaban una amenaza para la fe católica.

Sin embargo, esa percepción distaba de la realidad.
Juárez nunca emprendió una lucha contra la religión. Él mismo era católico practicante, contrajo matrimonio por la Iglesia con Margarita Maza y bautizó a sus hijos conforme a esa tradición. Su propósito consistía en separar el poder civil del eclesiástico, poner fin a los privilegios de una jerarquía profundamente corrompida y construir un Estado moderno sustentado en la igualdad jurídica y la laicidad.
Tomás Mejía jamás compartió esa visión. Permaneció fiel al Imperio hasta el último momento y, en reconocimiento a sus servicios, Maximiliano lo distinguió con la Gran Cruz de la Orden del Águila Mexicana.
Pero las condecoraciones no alimentan a las viudas.
Cuando fue ejecutado, su esposa, doña Agustina, apenas tenía veinte años de edad. Cargaba en brazos a un pequeño hijo y no poseía recursos para comprar un ataúd ni pagar un entierro.
La pobreza que había acompañado al general durante toda su vida también lo siguió después de la muerte.
Fue entonces cuando aquella joven tomó una decisión tan desesperada como estremecedora: dejó el cuerpo de su esposo en la sala de su humilde vivienda mientras recorría la ciudad en busca de quien pudiera prestarle el dinero suficiente para darle cristiana sepultura.
La noticia llegó hasta el presidente Benito Juárez.
Lejos de actuar con rencor hacia quien había combatido durante años en el bando enemigo, ordenó que el Gobierno de la República cubriera los gastos funerarios del general Tomás Mejía, permitiendo que recibiera una sepultura digna.
Ese gesto revela con claridad la diferencia entre la justicia y la venganza.
La guerra había terminado. El adversario había sido derrotado y sancionado conforme a la ley. Humillar a una viuda y condenar al olvido a un cadáver jamás formó parte del proyecto republicano.
A veces la historia recuerda únicamente las batallas y las diferencias ideológicas entre sus protagonistas. Sin embargo, son estos actos de humanidad los que permiten comprender la verdadera dimensión de los hombres que la escribieron.
Porque, al final, Benito Juárez no honró al general conservador; honró la dignidad humana. Y esa es, quizá, una de las más grandes lecciones que puede dejar la República.