Una democracia en permanente construcción y la búsqueda de su mejora

Por Marco Antonio García Téllez | Impulso Informativo

Las reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum —dirigidas a transformar la estructura del Congreso eliminando los diputados de mayoría relativa y consolidando un sistema exclusivamente de listas plurinominales— despiertan no solo un debate legislativo, sino una necesidad urgente de reflexión histórica y ciudadana.

Durante décadas, México vivió bajo el dominio absoluto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no sólo ocupaba la presidencia, sino que extendía sus redes y conexiones a todos los poderes del Estado. Se trataba de lo que en su momento se conoció como “el carro completo”: un escenario sin contrapesos, en donde ganar era una formalidad y gobernar, una continuidad de sí mismo. El poder, sin vigilancia, se tornó rutina. La oposición era un gesto simbólico, sin recursos ni voz.

No es casual que en ese contexto, en 1963, se introdujeran por primera vez las diputaciones de representación proporcional. La intención era abrir una rehendija a la pluralidad, permitir que aquellas fuerzas políticas que no podían competir con el aparato oficial tuvieran al menos un asiento desde el cual levantar la voz. Así nacieron los llamados plurinominales, un recurso imperfecto pero necesario para que las minorías políticas tuvieran presencia en el Congreso.

No se trata de nostalgia ni de temor, sino de detenernos a pensar. Las propuestas que buscan modificar el sistema de representación en el Congreso y reducir el financiamiento a los partidos políticos abren una conversación necesaria sobre los costos de nuestra democracia, pero también sobre sus equilibrios. ¿Qué se gana y qué se arriesga cuando una fuerza mayoritaria propone rediseñar las reglas del juego? Las reformas invitan a preguntarnos si el objetivo es corregir excesos.

Ante la imposibilidad de las minorías para obtener representación, se reformó la Constitución para que los partidos que obtuvieran al menos el 2.5% de la votación pudieran ingresar al Congreso. Fue un paso hacia una democracia más inclusiva. Posteriormente, en 1977 y 1986, se perfeccionó el sistema mixto que hoy conocemos: 300 diputados de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Gracias a este modelo, fuerzas políticas excluidas durante décadas —especialmente de izquierda— encontraron finalmente un espacio institucional.

El nuevo sistema, inspirado en parte en el modelo estadounidense, plantea elegir a todos los legisladores mediante listas estatales, dejando fuera la figura del diputado de mayoría relativa. El argumento central es económico: reducir costos, evitar duplicidades, adelgazar el aparato político.

La democracia, para que florezca, necesita de disonancias, de voces múltiples, de representación diversa. Cuando una sola fuerza controla todos los espacios, el riesgo no es solo político, sino ético: se desdibuja la rendición de cuentas, se desvanece el diálogo, se desmantela la pluralidad.

En esta hora, el país no necesita certezas absolutas, sino preguntas incómodas. Y es ahí donde el periodismo, y también la ciudadanía, tienen una responsabilidad irrenunciable: vigilar, contrastar, pensar.

Porque si algo nos enseña la historia es que el poder, cuando no se enfrenta a límites claros, siempre tiende a extender sus dominios. La intención ahora es repensar ese sistema, no para eliminarlo sin más, sino para modificar su forma de operación. Lo que busca Sheinbaum no es regresar al dedazo, sino eliminarlo. Su propuesta pretende que ya no sean las cúpulas partidistas quienes impongan a los pluris, sino que estos surjan de listas estatales más transparentes, competitivas y representativas.

La presidenta ha reiterado también su intención de reducir el presupuesto del INE y el financiamiento público a los partidos políticos, en línea con lo que ya había planteado en su campaña. Como bien sabemos, los partidos hoy se sostienen a través de recursos públicos y privados: dinero del erario distribuido según la ley y aportaciones de militantes y simpatizantes. El problema no es el financiamiento como tal, sino la falta de control:

• ¿Cuántos sueldos excesivos se asignan internamente?
• ¿Cuántas campañas eternas se hacen con recursos que debieron limitarse?

En palabras simples: estamos de acuerdo en que se financien los partidos, pero solo en época electoral, con recursos limitados, transparentes y auditables. AMLO ya lo había propuesto, pero no tuvo mayoría suficiente. Aun así, logró avances importantes: frenar el nepotismo y limitar la reelección inmediata. Casos como el de Ricardo Anaya, Nacho Mier y su hijo, o Adán Augusto, dejaron en claro que hacía falta una reforma. De haber avanzado con más contundencia, hoy no hablaríamos de familias que heredan cargos o estructuras partidistas que se reciclan a sí mismas.

Sheinbaum no parte de cero. Su reforma electoral podría recoger las piezas que dejó su antecesor y construir un nuevo andamiaje democrático. El reto no es menor: reducir costos sin reducir pluralidad, hacer más con menos, y garantizar que nadie use las instituciones para imponer su voluntad. Hoy somos más críticos, más informados y también más exigentes.

Preguntas para el pensamiento reflexivo

• ¿Qué riesgos implica reducir el financiamiento público a los partidos en un contexto donde el dinero privado puede condicionar agendas políticas o provenir del crimen organizado (lease Narcos de Cuello Blanco)?
• ¿La reforma electoral propone mayor eficiencia o simplemente allana el camino para el partido en el poder?
• ¿Podemos pensar en un nuevo modelo de representación sin olvidar las razones históricas que dieron origen a los plurinominales?
• ¿Estamos construyendo una democracia más austera o simplemente debilitando sus contrapesos?

No todo está dicho. El debate aún se está formando y, si se hace bien, puede ser una oportunidad para mejorar. Es posible plantear una reforma más justa y moderna si consideramos elementos como los siguientes: crear mecanismos reales de participación ciudadana en la elaboración de las listas plurinominales; establecer techos estrictos al financiamiento privado para evitar la captura de intereses particulares; asegurar auditorías obligatorias y públicas a los gastos de los partidos; institucionalizar debates obligatorios entre candidaturas de listas; y promover la rotación efectiva en cargos legislativos para evitar el estancamiento político.