Washington, generador de violencia
México, 11 julio 2026.- En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, “por las evidencias que hay”, la participación injerencista de dependencias estadunidenses en el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, uno de los máximos cabecillas del cártel de Sinaloa, provocó una división en esa organización delictiva y “generó mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país”.
El protagonismo de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) del país vecino en ese episodio delictivo del 25 de julio de 2024 fue puesto en evidencia cuando hace unos días esa misma dependencia colocó en exhibición en el Museo War Eagles de Santa Teresa, Nuevo México, el avión en el que el capo fue trasladado a territorio estadunidense, por medio de un engaño de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y ahijado del propio Zambada. De manera colateral, la exposición de la aeronave mostró que el entonces embajador de Washington en México, Ken Salazar, mintió cuando aseguró que su gobierno no había tenido intervención alguna en el secuestro; “no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestros agentes”.
El punto sustancial es que, como se señaló en este espacio el miércoles pasado, “esa injerencia abusiva, ilegal e imprudente, ahora documentada por la propia FBI, fue la que desató la oleada de violencia, destrucción y muerte que se abatió en los meses siguientes sobre Sinaloa, y que el gobierno estadunidense carga, por ello, con una gravísima responsabilidad”.
En efecto, el secuestro de El Mayo y la consiguiente fractura de la organización delictiva en dos facciones enemigas derivaron en una ola de violencia que sólo el año pasado dejó más de mil 650 muertes violentas e innumerables heridos, además de personas desplazadas y una enorme destrucción material. La irrupción estadunidense fue una intervención ilegal, delictiva e irresponsable en la jurisdicción de las instancias mexicanas de seguridad, procuración e impartición de justicia, puso un factor disruptivo en la relación bilateral, traicionó el espíritu de cooperación entre los dos países en materia de seguridad y contravino la lógica de construcción de paz con la que las administraciones anterior y actual habían venido reduciendo la violencia y estrechando el margen de acción para los ilícitos, particularmente el narcotráfico.
En esta medida, resulta inevitable concluir que esa clase de injerencias colocan a Washington como un generador de violencia e inestabilidad, un papel paradójico si se le confronta con los alegatos estadunidenses sobre una supuesta ingobernabilidad en el territorio mexicano y con las amenazas veladas o descaradas procedentes del vecino del norte de emprender incursiones armadas contra organizaciones delictivas que operan en el territorio nacional.
Peor aún, el episodio confirma que el gobierno del país vecino ha mantenido tratos inconfesables para dar protección e incluso impunidad a líderes de estamentos delictivos, así sea para conseguir la captura de cabecillas rivales. Ha quedado meridianamente claro, en suma, que la pretendida “guerra contra las drogas” que proclaman los gobernantes estadunidenses de ambos partidos es una mera coartada para intervenir en México y en otros países del subcontinente, y la opinión pública nacional debe ser consciente de ello. Por último, una vez que han surgido pruebas difícilmente refutables de la rúbrica estadunidense en los hechos del 25 de julio de 2024 en Sinaloa, resulta grotesco que algunas figuras políticas y mediáticas de la escena nacional sigan empecinadas en defender y promover la operación de agentes de Estados Unidos en nuestro país.